Mientras buena parte de la discusión económica sigue concentrada en el tipo de cambio, las tasas y la rentabilidad de las inversiones financieras de corto plazo, debajo de esa superficie se expande un problema mucho más estructural: el deterioro de la capacidad de pago de las familias. La morosidad en los créditos personales alcanzó en mayo el 12,7%, el nivel más elevado desde la salida de la Convertibilidad, y ya dejó a casi siete millones de personas excluidas del sistema formal de financiamiento.
El dato no representa únicamente una dificultad para quienes dejaron de pagar sus préstamos. También constituye una señal de alerta para el sistema financiero. En menos de dos años, la tasa de mora pasó de apenas 2,5% a 12,7%, multiplicándose por más de cinco según los registros del Banco Central analizados por la consultora 1816. Detrás de esa estadística aparece un fenómeno que excede el comportamiento individual: cuando una parte creciente de los hogares pierde acceso al crédito, también se deteriora uno de los mecanismos básicos que sostiene el consumo y la actividad económica.
El crédito se achica mientras crecen las deudas
El cuadro resulta todavía más preocupante al observar quiénes son los más afectados. Entre los menores de 35 años con préstamos activos, cuatro de cada diez presentan incumplimientos. En el segmento de 18 a 25 años la irregularidad llega al 42,8%, mientras que entre quienes tienen entre 26 y 35 años alcanza el 39,3%. Incluso en la franja de 36 a 45 años el porcentaje continúa siendo elevado, con un 31%.
Detrás de esos números aparecen salarios que perdieron capacidad para absorber gastos corrientes, ingresos cada vez más comprometidos y familias que comenzaron utilizando el crédito para financiar consumo cotidiano y terminaron atrapadas en un círculo de refinanciaciones cada vez más costosas.
El comportamiento de las entidades financieras también refleja el cambio de escenario. La banca pública mantuvo una política más activa para sostener el financiamiento y evitar un freno todavía mayor, mientras que buena parte de las entidades privadas optó por reducir la oferta de préstamos ante el aumento del riesgo de incobrabilidad.
La situación adquiere un tono aún más delicado fuera del sistema bancario tradicional. Las entidades financieras no bancarias, que concentran aproximadamente el 17% del mercado de créditos familiares, registran una morosidad del 32,2%, más de tres veces superior a la observada apenas un año y medio atrás. Es el segmento donde primero se manifiestan las tensiones sociales porque suele absorber a quienes ya no encuentran financiamiento en los bancos.
Desde una mirada estrictamente macroeconómica existe un argumento que relativiza el impacto inmediato. El crédito representa una porción reducida de la economía argentina, por lo que el Producto Bruto Interno podría continuar creciendo incluso con un deterioro de la cartera de préstamos. Sin embargo, esa lectura no elimina el problema de fondo. Una economía donde millones de personas quedan expulsadas del crédito formal pierde capacidad para sostener consumo, inversión familiar y movilidad social.
Ahora todas las miradas están puestas sobre junio y julio. El cobro del aguinaldo podría ofrecer un alivio transitorio y permitir que parte de las deudas sea cancelada. La incógnita es si ese ingreso extraordinario alcanzará para revertir una tendencia que ya lleva diecinueve meses consecutivos de deterioro.
Porque mientras la discusión pública celebra cada movimiento favorable del carry trade o la estabilidad cambiaria de corto plazo, el sistema financiero empieza a mostrar una fractura mucho menos visible.
