Tal como había anticipado Capital 24, el expediente quedó radicado en el Juzgado Correccional N° 2, a cargo de Diego Tatarsky, luego de que la fiscalía considerara agotada la etapa de instrucción y reunidos los elementos de prueba suficientes para sostener la acusación en el juicio.
Entre las evidencias incorporadas figura el peritaje de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina, que ubicó el origen del fuego en una contingencia eléctrica registrada en la planta baja del edificio.
A esa conclusión se sumaron informes de la Municipalidad de La Plata que acreditaron que el depósito no contaba con habilitación comercial y que había sido clausurado pocas semanas antes del incendio. También fueron incorporadas las actuaciones del Juzgado de Faltas, inspecciones realizadas tras el derrumbe, registros fílmicos y una importante cantidad de declaraciones testimoniales.
Uno de los pilares de la acusación está respaldado por los testimonios de dos exempleados de la firma, quienes aseguraron que el establecimiento continuó operando pese a la clausura preventiva. Para la fiscalía, esas declaraciones resultan determinantes para sostener el cargo de desobediencia.
Durante la investigación también declaró Martina Piccoli, quien vivía en una casa lindera al depósito y logró escapar instantes antes de que la estructura colapsara. Su madre, Claudia Verónica Salvi, figura entre las principales damnificadas y participa como particular damnificada en la causa penal, además de impulsar una demanda civil con el patrocinio del abogado y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Diego Dousdebes.
Desde la querella, Dousdebes impulsó distintas medidas de prueba a lo largo de la instrucción. Presentó tres pedidos para que Aloise fuera citada a declaración indagatoria, promovió diligencias investigativas y aportó elementos que luego fueron incorporados al expediente. Cuando finalmente fue convocada por la fiscalía, la empresaria optó por guardar silencio.
En paralelo, continúa en trámite la demanda civil iniciada por vecinos afectados por el incendio. En ese expediente ya fue decretada una inhibición general de bienes sobre Roxana Aloise para resguardar un eventual resarcimiento económico en favor de los damnificados.
Con la elevación a juicio, la causa ingresó en su etapa decisiva. Ahora será el juez Tatarsky quien deberá resolver las cuestiones preliminares, admitir la prueba ofrecida por las partes y fijar la fecha del debate oral que buscará establecer las responsabilidades penales por uno de los incendios más impactantes registrados en La Plata durante los últimos años.
