El hombre al que la acusación ubica en el centro sigue afuera. Ke Deqiang, señalado como presunto jefe de la organización investigada en La Plata, continúa prófugo.
Alrededor suyo, en cambio, algunos de los acusados que habían quedado detenidos empezaron a recuperar la libertad. La Cámara comenzó a mirar esos vínculos por separado y marcó un límite: contacto, trabajo o mediación no alcanzan por sí solos para demostrar pertenencia criminal.
Las últimas resoluciones alcanzaron a Jinchao Chen y Raúl Duarte García. Son situaciones distintas, pero con una pregunta en común: qué hace falta para sostener que alguien no sólo estuvo cerca de una estructura investigada, sino que sabía qué ocurría y decidió formar parte.
La causa sigue abierta. También sigue en pie la hipótesis de una asociación ilícita. Lo que se achicó es el grupo de personas que permanece detenido mientras esa hipótesis intenta sostenerse con pruebas concretas sobre cada acusado.
Según la información disponible, actualmente quedarían privados de la libertad Huang Yun y Jonatan Emanuel Reyes, exfuncionario municipal.
Chen: cercanía no es pertenencia
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías, integrada por Juan Benavides y Fernando Mateos, revocó la prisión preventiva de Jinchao Chen.
En los dispositivos atribuidos a Ke Deqiang, la Cámara no encontró registros que colocaran a Chen dentro de las conversaciones centrales de la investigación. La actividad comercial de Chen tampoco quedó conectada, con la evidencia reunida hasta ahora, a las maniobras que se investigan.
Había, además, un episodio de 2022 que había sido usado para vincularlo con la presunta organización.
Al revisarlo, los jueces entendieron que su intervención podía leerse, por ahora, como la de una persona que facilitó un contacto en medio de un conflicto. No necesariamente como alguien que cumplía una función estable dentro de una estructura criminal.
También analizaron un mensaje posterior vinculado con ese mismo episodio. Para la Cámara, ese intercambio tampoco alcanzó para sostener que Chen hubiera ejercido una amenaza propia o actuado como integrante de una organización permanente.
La diferencia parece pequeña, pero jurídicamente es decisiva.
Participar de una conversación no es lo mismo que integrar una asociación ilícita. Conocer a alguien tampoco. Con la prueba incorporada hasta ahora, la Cámara entendió que no había base suficiente para mantener a Chen preso preventivamente.
Recuperó la libertad.
No fue sobreseído.
La causa sigue.
Duarte García: cuando la supuesta logística podía ser trabajo
El caso de Raúl Duarte García abre otra discusión.
Es paraguayo, no registra antecedentes penales y realizaba repartos de mercadería y distintas changas. Tiene pareja y tres hijas. La acusación había leído parte de esas tareas como funciones logísticas dentro de la organización investigada.
Su defensa planteó otra cosa: que se trataba de trabajo informal dentro de una relación desigual con quien le daba las tareas.
La Cámara revisó las comunicaciones incorporadas a la causa. Allí aparecían cuestiones vinculadas con seguros, vehículos, pagos, impuestos, facturas, tickets y comprobantes.
Los mensajes no mostraban, según los jueces, que Duarte García diera órdenes, manejara dinero ilícito o conociera los fines atribuidos al grupo.
La pregunta es bastante concreta: ¿cuándo una tarea precaria deja de ser trabajo y pasa a ser participación criminal?
Para responderla no alcanza con demostrar que alguien hacía repartos, resolvía trámites o estaba en contacto con una persona investigada. Hace falta probar algo más: conocimiento y voluntad.
La Cámara entendió que ese salto no estaba demostrado.
También dispuso su libertad por falta de mérito.
Las decisiones sobre Chen y Duarte García no pueden trasladarse automáticamente al resto de los imputados. Cada situación procesal es distinta y todavía existen medidas pendientes.
Pero los fallos sí dejan una exigencia clara sobre la mesa: una causa por asociación ilícita puede construirse como conjunto, pero una prisión preventiva necesita sostenerse persona por persona.
Una organización criminal puede investigarse como conjunto. La responsabilidad penal, en cambio, tiene nombre y apellido.
El presunto jefe sigue prófugo. Dos acusados continúan detenidos y otros ya recuperaron la libertad. La causa sigue viva, pero ya no alcanza con mostrar cercanías: ahora tendrá que demostrar qué hizo cada uno y qué sabía de aquello que se le atribuye al grupo.
