Una clínica no puede funcionar con ingresos que pierden valor mientras sus costos siguen llegando todos los meses. Salarios, honorarios, medicamentos, insumos, mantenimiento y servicios no esperan a que se destrabe una negociación. Por eso, el reclamo de los prestadores sanatoriales del PAMI ya no puede tratarse como una discusión técnica más: es una advertencia sobre la capacidad real de sostener la atención.
En agosto, ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL denunciaron una situación de “extrema fragilidad financiera” y reclamaron una respuesta urgente. Según las cifras que difundieron, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación general acumuló 241%, mientras que la cápita del PAMI se incrementó 110,55%. Las entidades calcularon que la diferencia frente a la evolución de los precios alcanzaba casi 132 puntos porcentuales.
Esos números corresponden al planteo de las cámaras prestadoras y deben ser respondidos por el Instituto con información completa. ¿Qué actualizaciones reconoce? ¿Cómo se calcularon? ¿Qué parte de los reclamos está en discusión? Sin una explicación verificable, la brecha entre las versiones oficiales y las de los prestadores seguirá creciendo mientras las instituciones afrontan sus costos con ingresos que, según denuncian, no acompañan la realidad.
Las cámaras también alertaron que el atraso afecta la compra de insumos, el mantenimiento de equipos de alta complejidad y el pago de salarios. Reclamaron el cumplimiento de incrementos acordados, la regularización de los aranceles y un mecanismo de recuperación económica que contemple la pérdida acumulada.
Las consecuencias ya se hicieron visibles en las medidas de fuerza. En junio, clínicas y sanatorios de distintas provincias suspendieron la asignación de nuevos turnos para consultorios externos, mientras mantenían guardias y prestaciones ya programadas. En agosto, más de cien establecimientos interrumpieron durante 48 horas la atención programada, con guardias disponibles para emergencias.
A mediados de septiembre, medios nacionales informaron que la deuda reclamada por prestadores superaba los $500.000 millones. En junio, el PAMI había afirmado que no tenía deuda acumulada con clínicas y sanatorios y que el cronograma de pagos se estaba cumpliendo. La diferencia entre ambos planteos exige una respuesta urgente, no un intercambio de declaraciones.
El Instituto debe publicar el estado de los pagos, convocar a una mesa técnica y presentar un calendario para resolver las obligaciones reconocidas. También debe discutir una fórmula de actualización que permita sostener los servicios. Sin previsibilidad financiera, cada institución queda obligada a decidir hasta dónde puede seguir atendiendo.
El deterioro de los prestadores no se queda dentro de sus balances. Cuando faltan recursos, el efecto llega a los consultorios, las prácticas y las internaciones. Y termina impactando sobre los jubilados, que dependen de una red capaz de responder. Por eso, la solución no puede esperar a que otra clínica suspenda turnos para que el problema vuelva a ser escuchado.
