El fiscal de juicio Juan Caniggia pidió la pena de seis años de prisión para cuatro de los seis acusados de integrar una presunta asociación ilícita para extorsionar a feriantes del Parque Saavedra de nuestra ciudad.
En su alegato, el fiscal afirmó que durante el juicio oral quedó demostrado que los imputados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria que funcionaba en el Parque Saavedra durante los fines de semana y feriados, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos por fin de semana.
Al momento de requerir las penas, el fiscal pidió que Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge y el fletero Jorge Fierro, sean condenados a seis años de prisión por los delitos de “asociación ilícita y extorsión en concurso real”.
En tanto, Caniggia desistió de acusar al albañil Roberto Martínez (hermano de Estela) y Claudia Monti, la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez. Ambos sin antecedentes penales.
El alegato fue formulado ante el juez del Tribunal en lo Criminal IV de La Plata, Emir Caputo Tártara.
Huertas, Martínez, Lauge y Fierro se encuentran desde hace más de tres años en prisión preventiva. A la instancia de juicio todos ellos pudieron acceder al beneficio procesal del arresto domiciliario.
Orfandad de pruebas
Ayer mismo, al conocer el monto de la pena solicitado por la fiscalía, las defensas requirieron la excarcelación de los cuatro imputados. En tanto, la cocinera Monti y el albañil Martínez quedaron desvinculados del proceso y recuperaron la libertad.
Ante lo que consideraron un juicio con orfandad de pruebas, las defensas coincidieron en sus alegatos al requerir la absolución de todos los imputados. Remarcaron que se trató de una causa armada por ciertos sectores de la política local y ratificaron la denuncia que presentaron durante el juicio contra policías de la federal por el delito de espionaje ilegal.
Para las defensas, durante el debate oral ningún feriante afirmó de manera concisa y concreta que se pagaran extorsiones, sino que señalaron que lo que se abonaba era el canon por el armado y desarmado de los puestos, y por el uso de los baños químicos,
Hubo coincidencias en los argumentos planteados por las defensas. Los imputados Lauge y Fierro son asistidos por el equipo integrado por Soledad Barnetche Alonso, Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly. La defensa de Martínez y Huertas está a cargo de Federico Ravina.
En su exposición, plantearon nulidades y también denunciaron a funcionarios de la actual gestión municipal.
Los letrados impulsaron “la nulidad de todo lo actuado por la Policía Federal Argentina desde la Delegación La Plata y además solicitaron la nulidad de toda intervención que efectuó el Municipio de La Plata en la presente investigación”.
Según la defensa, se cuestionó la forma en que se realizaron seguimientos fotográficos e interrogatorios a feriantes y puesteros.
Tras escuchar los alegatos, el juez Caputo Tártara anunció la lectura del veredicto para los primeros días de este mes de diciembre.
De esta manera, se dio por concluido el debate oral en el que testimoniaron más de 100 testigos.
La causa arribó a esta instancia de debate oral luego de una investigación impulsada por la fiscal Virginia Bravo y el juez de garantías Pablo Raele. La denuncia fue radicada por funcionarios de la Municipalidad de La Plata y se fundamentó en los reclamos de los propios feriantes.
El fiscal Caniggia convalidó ayer la investigación realizada por su par, la fiscal Virginia Bravo, al sostener que los imputados obligaban a los aspirantes "a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes".
Para consumar esas amenazas, según el bloque acusador, se valían "de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho".
Veedores
Cabe recordar que para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
Espionaje ilegal y torturas
En una de las jornadas del juicio, la defensa resolvió denunciar por presunto espionaje ilegal y torturas a exferiantes del Parque Saavedra de La Plata que apunta a nueve efectivos que en 2018 integraban la delegación La Plata de la Policía Federal Argentina (PFA)
La presentación fue formulada ante el juez federal Ernesto Kreplak luego de que en el contexto del juicio emergieron indicios de actividades ilegales por parte del personal policial y de posibles casos de torturas a dos de las mujeres que son juzgadas.
Los policías denunciados son Leonel Julita; Walter Agustín Bertuzzi; Miguel Cuniccella; Sergio Agüero; Luciano Paredes; Lucas Delgado; Nicolás Andrés Charras; Lorena Paola Giuliano y Diego Campana.
Esa causa se encuentra en su etapa preliminar de investigación.
