El exministro de la Producción bonaerense y exintendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, será juzgado en un juicio oral y público por la causa que investigó el millonario fraude en el Astillero Río Santiago (ARS) ubicado en Ensenada.
Breitenstein es el único de los numerosos imputados en el voluminoso expediente que resta juzgar. El resto ya fue enjuiciado y condenado.
El pedido de juicio fue formulado por la fiscal Victoria Huergo ante el juez de Garantías Agustín Crispo. Los funcionarios establecieron que el acusado sea juzgado ante un tribunal oral en lo criminal.
Los fiscales dicen que cometió una defraudación en perjuicio del Estado en la que se generaban contratos, sus titulares nunca tomaban conocimiento de la misma y los haberes mensuales eran cobrados por exfuncionarios del Astillero naval ubicado en la vecina ciudad.
La causa comenzó a investigarse en 2014, durante el Gobierno bonaerense de Daniel Scioli. El ex titular del Astillero, Héctor Scavuzzo, fue uno de los condenados. Al ser indagado fue quien incriminó a Breitenstein al afirmar que “en persona” se presentaba para llevarse los sueldos de empleados “ñoquis o fantasmas”.
El exintendente de Bahía Blanca rechazó en su momento los cargos en su contra. Aseguró que en su función como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología estaban bajo su órbita las áreas de Industria, Minería, Comercio, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales, PyMEs, Puertos, Fogaba y Astillero Río Santiago.
Otros condenados
Por este caso ya se realizó un primer juicio oral. Uno de los condenados como partícipe secundario, en su declaración manifestó que tras su detención intentó comunicarse con Breitenstein, pero nunca recibió respuestas: “Lo llamé al ministro, le envié varios mensajes y nunca me atendió”, dijo.
En ese debate oral fueron sentenciados el mencionado Scavuzzo junto a Rodolfo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio, el empresario Roberto Fiocca y el exJefe de Gabinete del ministerio de la Producción, Andrés Ombrosi.
En la investigación judicial, Breitenstein fue investigado en un desprendimiento de la causa principal que se inició cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astillero.
La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación permitió develar la trama de la fraudulenta maniobra.
Scavuzzo, el entonces titular de Astillero, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria.
Los otros aprehendidos, sindicados como colaboradores necesarios fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.
Empleados fantasmas
La fiscal Huergo, junto a su par el fiscal Jorge Paolini detectó durante la etapa de instrucción que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de "indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde".
Para la fiscalía hay "indicios vehementes y semiplena prueba" del delito de peculado cometido "entre al menos los meses de enero de 2012 y diciembre de 2013" y la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la "liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero", por la suma total de $16.100.478.
Una vez efectuada la liquidación –expresó la fiscalía en la instrucción de la causa-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de ARS, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados.
Según las actuaciones, los contratos de empleados fantasmas oscilaban los cinco mil dólares mensuales al cambio oficial de esa época. "Para poder llevar a cabo esta maniobra, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo (diseñado unos meses antes de la asunción del presidente aquí imputado), por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de Personal Superior en un único área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior".
La fiscalía fundamentó que el final del circuito fraudulento era la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública, que está bancarizada, de manera "inexplicable": "Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero (cerca de dos millones de pesos mensuales, en ese entonces el valor del dólar oficial era inferior a $10) en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia -en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva".
