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La reciente idea, manifestada por el gobierno nacional con motivo de los hechos de Rosario, de hacer intervenir a las FFAA en seguridad interior y ayudar a reprimir el delito, es una idea que debe desecharse pues no se corresponde con el objetivo de las fuerzas.
Política 27 de marzo de 2024
Por Amado Brancatti
Primero, cabe aclarar que las FFAA ya tienen algunas facultades en materia seguridad interior: proveer de apoyo logístico, equipamiento y municiones a las fuerzas de seguridad (FFSS), así como tienen la facultad de combate directo cuando las FFSS resulten desbordadas al intentar neutralizar una amenaza. En este último caso, antes debería declararse el estado de sitio a través del Congreso. Por supuesto, las FFAA también pueden combatir en el caso de ataque directo a sus establecimientos.
Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno nacional? Se ha hablado de aumentar la capacidad de intervención para combatir la ahora denominada formalmente “criminalidad organizada”. El cambio con relación al abordaje de la seguridad ya comenzó en diciembre, ni bien asumido el nuevo gobierno, cuando se cambió el nombre de la otrora Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, para llamarla Unidad Fiscal de Crimen Organizado (UFECO).
A esto súmense las declaraciones del actual ministro de defensa, Luis Petri, en el sentido de abordar la defensa desde una perspectiva que busque neutralizar “amenazas transnacionales”, porque según él “ya no se avizoran hipótesis de conflicto de origen externo”.
¿Qué tendríamos como resultado? Una integración de ambas fuerzas para combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de blancas e incluso los desastres naturales. Mínimo curioso, teniendo en cuenta que Argentina ya tiene parte de su territorio ocupado por otro Estado, el Reino Unido de la Gran Bretaña, y se denuncian constantemente acciones depredadoras de diversos países de nuestras riquezas marítimas.
Queda claro que se complementan entonces las declaraciones de Petri y de la ministra de seguridad Patricia Bullrich: se trataría de integrar FFAA y FFSS para abocarlas a combatir delitos hoy tenidos como objeto de la seguridad interior. Esto es un grave error. Las FFAA y las FFSS tienen objetivos distintos: Las primeras tienen por objeto la defensa de la Nación frente a agresiones externas, están orientadas a la guerra por lo que la característica esencial de su armamento es su letalidad.
En el caso de las FFSS, están orientadas a la represión del delito en materia de seguridad interior, por lo que su equipamiento solo en última instancia y como excepción debe ser letal.
Los antiguos enseñaban “distinguir para unir”. Es cierto que hay amenazas de difícil abordaje porque traspasan las fronteras y delitos cuyas expresiones no respetan nuestras rígidas declaraciones legales sobre lo que es seguridad y defensa.
Pero la perspectiva del actual gobierno parece subordinar en definitiva a ambas fuerzas al concepto de seguridad interior, en un país con territorio ocupado, reconocida depredación de su mar y en el contexto de un mundo cada vez más inestable donde las políticas de poder han vuelto con toda su brutalidad. Y no es transformado a las FFAA en policías más pesadas el modo en que podremos prepararnos para esos escenarios.

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Javier Milei juró a Diego Santilli en Interior mientras el organigrama le corría el arco: Renaper y Migraciones pasaron a Seguridad y Turismo, Ambiente y Deportes a Jefatura de Gabinete. Menos gestión administrativa y más misión negociadora.

Tras las legislativas, el presidente resucita en las encuestas y, con el dólar quieto y el voto joven consolidado, empieza a mirar el futuro como si el 2027 quedara a la vuelta de la esquina. Las consultoras marcan un dato inquietante para la oposición: si las elecciones fueran hoy, Milei arrancaría con ventaja casi de primera vuelta.

Mientras los fondos globales exigen liberar el tipo de cambio, el Gobierno resiste. El dólar dejó de ser una variable económica y se transformó en el nervio central del poder político. Milei lo sabe: si devalúa, se cae el país; si aguanta, compra tiempo.

Tras la victoria legislativa del 26-O, el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ensayó un viraje judicial: pasó de discutir la legalidad de las grabaciones a denunciar que son “falsas” o creadas por inteligencia artificial. El giro busca licuar una causa que rozaba a Karina Milei y a los Menem, justo cuando la Justicia parece más dispuesta a mirar para otro lado.

El oficialismo logró el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con apoyo del PRO, la UCR y algunos provinciales. No hubo triunfo estructural, pero sí una jugada estratégica: empujar el debate a diciembre, cuando el Congreso tenga más bancas violetas.



La Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP) anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves 20 de noviembre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.

Desde hace varios días, habitantes de la localidad platense de Arturo Seguí -en el norte de nuestra ciudad- vienen padeciendo de manera permanente cortes de luz: apuntan a fallas en dos transformadores que está bajo el control de la empresa proveedora del servicio y por ese motivo preparan una presentación ante el organismo de control.

Se estrenó el pasado jueves y está disponible en la plataforma Flow. De pocos capítulos pero con un ritmo atrapante, un periodista interpretado por Pablo Rago buscará reconstruir la versión de los hechos entrevistándose, en un geriátrico, con “la envenenadora de Montserrat”.

Los 12 miembros del jurado dan su dictamen en el anexo del Senado. La magistrada suspendida volvió a negar la realización del documental. Dijo que sus colegas “se encargaron de descargar su responsabilidad” sobre ella.

La fiscalía de La Plata analiza por estas horas la autopsia al cuerpo de Virginia Franco, la psiquiatra de 68 años que fue encontrada asesinada en su casa de City Bell. La pericia ratificó que la mujer luchó por su vida y murió desangrada producto de un corte profundo en el cuello.