Diputados: La ley Bases y el paquete fiscal están listos para llegar al recinto luego de que el oficialismo realizará acuerdos con la oposición

En una intensa jornada de reuniones de comisiones, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su versión 2, más el paquete fiscal anexado, obtuvieron el respectivo dictamen para llegar al recinto en la Cámara de Diputados. 

 Esta ley ómnibus reconvertida es vital en los intereses del presidente de la Nación, Javier Milei, de cara al “Pacto de Mayo”, encuentro propuesto por el Gobierno con cita en Córdoba el día 25 del mes que viene. Este dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

 La sesión ya tiene fecha y tal como adelantó este medio, la cita iniciará su debate el próximo lunes 29 de abril con la idea de culminar en la noche del martes 30. El oficialismo busca su primera victoria legislativa en las vísperas del 1ero. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

 Este texto se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. La iniciativa se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron, pero con disidencias en algunos temas.

 En el cierre de las negociaciones, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue incorporado el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.

 Como las negociaciones del verano, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

 Esta nueva versión del proyecto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

 Con relación a las empresas estatales a privatizar, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

 “El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

 Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

 El paquete fiscal

 El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría para el paquete fiscal, con 27 firmas sobre 49 diputados presentes. Hay hasta ahora un dictamen de minoría, del diputado Christian Castillo. 

 De igual manera, el oficialismo busca que el Congreso apruebe otro proyecto que lleva el nombre de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que pretende establecer un “proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país”.

 Se trata de un proyecto de 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias y la inclusión del Régimen de Regularización de Activos. Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

 En su artículo 19°, el proyecto establece que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo se sumó a instancias de la oposición.

 El proyecto establece una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Podrán acogerse al mismo aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

 El acogimiento podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido 150 días corridos desde aquella fecha, inclusive.

 Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes) ingresarán un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta 60 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

 Las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al 15% de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta 84 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará. 

Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”. 

El gravamen es denominado aquí como “impuesto a los ingresos” y establece los mínimos no imponibles citados en $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados, actualizables de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor.