Una jueza dispuso que un banco le devuelva al damnificado 4 millones de pesos más los intereses. Pero la sentencia llegó tarde. La víctima ya había fallecido. Las falencias de seguridad de las entidades crediticias, otra vez en la mira.
Región20 de agosto de 2024
“Son los tiempos de la justicia”, reza la frase que se escucha a diario en los estrados judiciales. El problema es cuando esos tiempos van más allá de la expectativa de vida. Eso pasó en este caso que se tramitó en los tribunales de nuestra ciudad, donde los plazos “procesales” fueron tan extensos, que ni el damnificado llegó a enterarse del millonario fallo que finalmente salió en su favor.
Ayer, se dio a conocer una sentencia de la justicia platense en el que le dio la razón a un empleado municipal de Berisso, ya fallecido, condenando a un banco para que le “devuelva” la suma de 4 millones de pesos –más intereses- por una ciberestafa.
El resolutorio estableció que el demandante fue engañado por un ciberdelincuente que logró acceder a su homebanking, bajo la promesa de “depositarle” un supuesto premio que había ganado en un concurso. Sin embargo, las oscuras intenciones del pirata informático era vaciarle la cuenta a la víctima.
"La mala sangre que se hizo por una ciberestafa de casi un millón de pesos en plena pandemia la terminó pagando con su vida", es la frase que trascendió ayer desde la familia de la víctima, al señalar que el hombre había impulsado una batalla legal contra un banco de Berisso y finalmente, “no logró sobrevivir para escuchar la sentencia favorable que recibió su reclamo casi cuatro años después del hecho”.
Banca electrónica
En la sentencia que propicia que las entidades bancarias modifiquen su conducta en materia seguridad de las operaciones electrónicas, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata condenó a un banco al pago de una multa de 4 millones de pesos más intereses, ya que permitió que los delincuentes tomaran un crédito por 460.000 pesos, pidieran un adelanto del sueldo de 10.500 pesos e hicieran cuatro transferencias por un valor total de 470.000 pesos.
El fallo fue dictado por la jueza de La Plata, María Verónica Leglise, quien destacó las falencias que posee el sistema electrónico de operaciones bancarias; y más durante las restricciones vigentes por el virus del COVID-19, que potenció que todos los clientes debieran acudir a la banca electrónica para poder operar.
En el dictamen al que tuvo acceso Capital 24, la magistrada se preguntó: "¿Cómo podría considerarse seguro un sistema que otorga claves en menos de 24 horas y, al mismo tiempo, permite en ese lapso obtener créditos pre acordados y también 'adelantos de haberes', los que en el mismo corto plazo (casi inmediatamente entre una y otra operación) puedan ser transferidos a cuentas de terceros, cuentas de destino no frecuentes y desconocidas por no habituales del mismo cliente, sin que la entidad bancaria adopte ningún reaseguro?".
Hackeos a clientes
La jueza dio respuesta en la sentencia a su interrogante. "Ha quedado acreditado mediante las pericias analizadas que todo el sistema informático del Banco Provincia carece de la seguridad adecuada para evitar maniobras como la que motiva estas actuaciones y que no existan situaciones de hackeos o defraudaciones o de vulnerabilidad de sus clientes".
En el expediente, la magistrada acreditó que Carlos Manuel Rodríguez se desempeñaba como empleado de tránsito de Control Urbano de la Municipalidad de Berisso. El 10 de septiembre de 2020 su esposa Mónica recibió un llamado a su celular por parte de un hombre que, haciéndose pasar por empleado de la empresa Telefónica Argentina, le informó haber ganado 75.000 pesos y dos smartphones en un concurso de Movistar.
Mónica, ante la sorprendente noticia, le pidió a su marido que la acompañara hasta el cajero para acreditar ese premio en su cuenta sueldo del Banco Provincia. El estafador le dijo que era indispensable que obtuviera una clave token y luego se la facilitara.
También se probó que el ciberdelincuente la engañó diciéndole que esos números eran los que necesitaba para hacer el depósito correspondiente. Sin saberlo, lo que en realidad hizo el matrimonio fue darle el acceso pleno a la caja de ahorro para que el delincuente pudiera vaciarle la cuenta bancaria.
En su denuncia ante la justicia civil de La Plata, el damnificado solicitó como indemnización tres veces el monto del crédito de 460.000 pesos por daño punitivo y la repetición de los 10.500 pesos de adelanto del sueldo con intereses.
La justicia le ordenó en 2021 al banco, como medida preventiva, que dejara de descontarle las cuotas del crédito; a pesar de que el abogado del Banco Provincia responsabilizó exclusivamente al cliente por proporcionar sus claves de seguridad.
Claves intransferibles
Asimismo, el defensor adujo que el hombre "violó el Reglamento de Cajero Automático de no hacer operaciones por instrucciones de terceros". En ese sentido, remarcó que no solo le facilitó sus claves, que son personales e intransferibles, a su mujer, sino también al estafador. Y fundamentó: "el sistema informático no falló. Fue por el actuar torpe o negligente del cliente".
Rodríguez falleció cuando ya estaba toda la prueba producida y solo faltaba dictar sentencia. Debido a la magnitud de la estafa, experimentaba a diario una profunda sensación de vulnerabilidad. El shock inicial de ver su cuenta bancaria vacía se convirtió en una mezcla de desesperación, impotencia y rabia al tener que enfrentar una deuda que no era suya.
La angustia y la preocupación por cómo resolver esta situación le preocupaba de sobremanera, impidiéndole descansar o encontrar paz. Su mente había quedado atrapada en un torbellino de pensamientos negativos. Con el tiempo, esa acumulación de estrés y angustia fue impactando en su salud, hasta que su corazón dejó de funcionar.
Derecho del consumidor
Tras su fallecimiento de un paro cardíaco repentino, su familia tuvo que realizar la sucesión de bienes para seguir adelante con el juicio y presentar a los herederos ante la justicia.
La jueza Leglise consideró que "se observó un trato degradante de la entidad demandada hacia el consumidor, ya que en lugar de activar los mecanismos de seguridad en forma inmediata a la denuncia realizada por el actor o colaborar en la solución de los problemas que le planteaba ante la defraudación, se limitó a responsabilizar al cliente de la situación sufrida, asegurando su propio interés financiero en detrimento del patrimonio del actor".
Marcelo Szelagowski, abogado del empleado municipal damnificado, indicó que "la magistrada sentenciante es un ejemplo de aggiornamiento en materia de derecho del consumidor".
"Da la impresión que finalmente la justicia ha comprendido quién es el eslabón más débil del contrato bancario, en el que los bancos han ganado miles de millones realizando todas las operaciones de manera electrónica y no quieren asumir los daños que tal actividad riesgosa genera, haciendo las inversiones necesarias para resguardar el dinero de todos los ciudadanos", finalizó Szelagowski.
Más allá de la situación singular en la que se ha dado el fallecimiento de una persona damnificada que logró obtener un fallo ejemplar y meduloso, lo que se discute en el fondo de la cuestión, es la seguridad bancaria y el uso de claves en las operaciones electrónicas, en un universo aceptado y legitimado desde el uso y consumo por millones de usuarios, y donde cada teléfono celular con los homebanking, aplicaciones, cuentas digitales y billeteras virtuales se han convertido en verdaderas cajas fuertes ambulantes.
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