El insólito caso arribó a la instancia de la Cámara, a raíz de un planteo del defensor particular Ignacio Fernández Camillo. Los camaristas Ernesto Ferreyra y Miriam Ermili decretaron finalmente ayer la libertad, considerando que no existían riesgos procesales.
La defensa había argumentado que el caso debía comprenderse dentro de los llamados delitos de bagatela, en los que no debe activarse la maquinaria del Estado y del Poder Judicial, específicamente, para resolver este tipo de litigios menores.
Incluso, el abogado defensor había pedido un estudio genético del calzoncillo bóxer supuestamente robado, lo que hacía más oneroso el gasto público por este caso.
Tal como informó Capital 24, el 4 de octubre pasado, el juez Hernán Decastelli había denegado los planteos de la defensa para un arresto domiciliario.
La defensa planteó entonces que la detención se trataba de un "absurdo jurídico". Entiende que no existen elementos de prueba que corroboren la hipótesis de la acusación. Ella indica que el acusado ingresó a una vivienda, forzó una cerradura, rompió un vidrio, se apoderó de dos relojes, 20 mil pesos, una calza deportiva, una musculosa y un calzoncillo bóxer.
Sin embargo, en el acta policial de detención solo figura que llevaba un calzoncillo en el bolsillo. No tenía dinero, relojes ni otra prenda de las mencionadas como sustraídas de la propiedad. Solo le incautaron un bóxer marca UOMO que la víctima del robo reconoce como propia, pero el acusado señala que es de él.
Mientras tanto, en la causa ya intervino un fiscal de instrucción, uno de juicio, un tribunal oral, los tres magistrados de la Cámara más los abogados de la defensa, entre otros empleados y peritos.
La detención de Robledo se concretó en 72 entre 4 y 5, en un caso de los que se denominan “olfato policial”. Esto es, ante la sospecha que habría generado el imputado con el calzoncillo en la cabeza. Ese solo hecho disparó todo el andamiaje del Poder Judicial.
