Luego de quedar en evidencia la manera en que el Poder Judicial suele utilizar todo su andamiaje en delitos menores o de menor cuantía, disponiendo de gran cantidad de recursos materiales y humanos, tras la detención, procesamiento y final absolución en La Plata de un joven imputado de robar un calzoncillo usado, ahora llegó su turno de exigir una reparación por el “daño sufrido”.
Región18 de febrero de 2025
Se trata del joven Franco Robledo, quien estuvo más de 30 días detenido y sindicado por un robo “sin pruebas” suficientes. Ayer, su abogado defensor, Ignacio Fernández Camillo, reclamó que tras la absolución de su asistido, un pedido de “reparación integral del daño sufrido” por la privación ilegal de la libertad en el marco de un procedo judicial que carecía de pruebas concretas en su contra.
La presentación del defensor fue formulada ante el juez del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, Hernán Decastelli. El letrado citó el artículo 477 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece la posibilidad de reclamar una compensación cuando una persona es sometida a prisión preventiva y luego absuelta.
El abogado argumentó que su asistido estuvo desde el 11 de septiembre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2024, periodo durante el cual se lo privó de su libertad sin pruebas contundentes en su contra.
"El Estado provincial debe reparar el daño causado por esta privación ilegítima de la libertad. Mi defendido fue detenido sin pruebas sólidas, soportó un proceso judicial absurdo y al final del juicio fue absuelto porque no existía ninguna certeza sobre su participación en el hecho", dijo el letrado, destacando que la reparación no solo debe contemplar el equivalente al salario mínimo, vital y móvil por el tiempo en que estuvo detenido, sino también una compensación por el daño moral sufrido.
El 11 de septiembre de 2024, Robledo fue detenido en inmediaciones de la calle 72 entre 4 y 5, tras una denuncia por robo en una vivienda. Dijeron que había hurtado un calzoncillo usado de la casa de la presunta víctima. La prenda en cuestión, un boxer marca UOMO de color negro con elástico verde, fue secuestrada por personal del Comando de Patrullas y trasladada a la comisaría Novena.
Pero en el juicio oral la víctima reconoció que nunca vio a Robledo dentro de su casa ni pudo identificarlo en el lugar del hecho. Cuando la Policía le exhibió el calzoncillo en la comisaría, inicialmente creyó que era suyo, pero al llevarlo a su hogar, su esposa le aseguró que no estaba segura de su pertenencia.
El fiscal de juicio Sergio Delucis decidió desistir de la acusación tras escuchar los testimonios. "Analizando la prueba en su conjunto hay más dudas que certezas, no se acreditó la autoría", afirmó Delucis y el juez Decastelli dictó la absolución resaltando además la conducta del fiscal.
El defensor Fernández Camillo argumentó que no es la primera vez que su asistido, Robledo, fue privado de su libertad injustamente. Antes, estuvo detenido durante dos años en el marco de otra causa y también fue absuelto por el Tribunal en lo Criminal II de nuestra ciudad.
"Este no es un caso aislado. Mi defendido ya fue víctima de un proceso similar, donde estuvo preso injustamente y luego fue absuelto. Es evidente que se trata de una situación donde el Estado debe hacerse responsable por la afectación que ha sufrido", enfatizó Fernández Camillo. La reiteración de detenciones sin pruebas sólidas refuerza el reclamo de una compensación que, según la defensa, no solo procura un resarcimiento económico, sino también sentar un precedente sobre el abuso de la prisión preventiva, a modo de “condena anticipada”.
El bloque opositor en el Concejo Deliberante de La Plata sigue escudriñando en el Digesto Municipal en busca de antiguas Ordenanzas. Ahora presentó dos pedidos de información vinculados con normativas sancionadas durante los años 1990 y 1995, durante las Intendencias de Pablo Pinto y Julio Alak, respectivamente.
La presidenta del Concejo Deliberante de la vecina ciudad de Berisso, Aldana Iovanovich, consideró que el intendente Fabián Cagliardi “debería tener un mandato más” al frente del Municipio con el fin de “terminar de dar los pasos que faltan al proyecto que vino a cambiar nuestro distrito”.
Berisso tendrá un Laboratorio Municipal de Microbiología de Alimentos que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Salud comunal -Departamento de Seguridad Alimentaria- que le permitirá realizar análisis microbiológicos de alimentos, agua y superficies directamente en la vecina ciudad.
La novena edición del pitch mostró soluciones tecnológicas con impacto productivo.
Volvieron a concentrarse ayer en Plaza Moreno para mantener visible el reclamo. En el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario se hizo en paralelo otro reclamo similar. Procuran que la investigación penal avance y afianzar la memoria colectiva.
Familiares y amigos de Gonzalo Prado, el joven de 23 años asesinado el viernes último en calle 2 entre 80 y 81 bis, se concentraron frente a los tribunales penales de 7 entre 56 y 57 para reclamar justicia.
El IPC de noviembre volvió a ubicarse en 2,5% y el Gobierno lo exhibe como señal de control. Sin embargo, detrás del dato conviven seis meses de aceleración inflacionaria, una industria que opera al 61% de su capacidad, 126.000 empleos fabriles perdidos y una pobreza multidimensional que ya alcanza al 67% de la población.
Los precios al consumidor registraron nuevas subas y ratificaron una evolución que se ubicó por encima del nivel general de inflación.
La Policía de la Ciudad expulsó a una oficial por publicar contenido sexualizado con el uniforme. El caso abrió un debate incómodo sobre ética, necesidad económica y la rapidez selectiva con la que actúa el poder cuando el escándalo es fácil de mostrar.
Familiares y amigos de Gonzalo Prado, el joven de 23 años asesinado el viernes último en calle 2 entre 80 y 81 bis, se concentraron frente a los tribunales penales de 7 entre 56 y 57 para reclamar justicia.
El bloque opositor en el Concejo Deliberante de La Plata sigue escudriñando en el Digesto Municipal en busca de antiguas Ordenanzas. Ahora presentó dos pedidos de información vinculados con normativas sancionadas durante los años 1990 y 1995, durante las Intendencias de Pablo Pinto y Julio Alak, respectivamente.