Una trama de extorsión, encubrimiento judicial y protección política se despliega en el corazón del abastecimiento alimentario nacional. El rol de Fabián Miguelez, sostenido por el gobierno de Milei, la Policía Federal de Bullrich, y una red gremial violenta que opera con sello de UGATT y vínculos con UOCRA y la feria La Salada. Todos ante el silencio de la Justicia.
Política 02 de agosto de 2025
En el centro de esa maquinaria se encuentra Javier Pablo y su segundo, Hernán Riquelme, vinculados a la “Agrupación Los Pablos”. Ambos controlan la Nave 10 del predio a través de la Multisectorial, una estructura que funciona como sindicato de facto y aparato de coerción. Dentro de la UGATT —Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte— y con sectores de la CGT de La Matanza, su base territorial está apuntalada por prácticas mafiosas y la retaguardia de la UOCRA local, cuyo referente Enrique Cayuqueo también aparece mencionado en múltiples denuncias como parte de la operatoria, este último candidato a concejal por Fuerza Patria en La Matanza, donde ingreso por acuerdo con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
El eje de este esquema criminal no podría sostenerse sin una pieza institucional: Fabián Miguelez, presidente del Mercado Central cuyo mandato venció en marzo, pero que se niega a dejar el cargo. Respaldado por Mauricio Macri, amigo personal y compañero de golf, y sostenido políticamente por Luis Caputo, el actual ministro de Economía de Javier Milei —a través de su hermano Flavio, íntimo de Miguelez—, el funcionario permanece atrincherado en un organismo que debería haber rotado hacia otro actor del ente tripartito.
El control del Mercado Central es compartido entre Nación, Ciudad y Provincia, con presidencia rotativa. El lugar le correspondería hoy a Leandro Sarquis, representante porteño, pero Miguelez no sólo resiste: opera. Desde su silla, mantiene el respaldo de sectores judiciales —con conexiones con el fuero federal de Morón y la cámara de San Martín—, protección de la Policía Federal que responde a Patricia Bullrich y un acuerdo no escrito con los gremios que dominan el territorio.
Las denuncias penales que pesan sobre su gestión no son nuevas: ya en 2018 había renunciado bajo presión tras múltiples acusaciones por corrupción. El blindaje de su continuidad actual responde a algo más profundo: Miguelez garantiza gobernabilidad territorial pero también su silencio al entorno más preciado de Javier Milei, Luis Caputo.
La influencia de Los Pablos no termina en el predio de Tapiales. Su control se extiende a la feria conocida como La Dulce, una suerte de satélite informal de La Salada, donde también hay denuncias por aprietes, marcas falsificadas y lavado de dinero. El nexo con Jorge Castillo, el autodenominado “rey de La Salada”, enciende las alarmas sobre una red de negocios ilegales que opera con cobertura política y gremial, sin control efectivo del Estado.
Además, según documentos reservados, tanto Javier Pablo como Hernán Riquelme —y sus familiares directos— contarían con bienes no declarados y movimientos millonarios sin justificación fiscal, algo que ningún organismo de control parece dispuesto a investigar.
La permanencia de Miguelez en su cargo, el encubrimiento judicial y la pasividad de las autoridades frente a denuncias sistemáticas de delitos graves configuran una situación institucional insostenible. Sin embargo, el Gobierno Nacional no acciona ¿Por qué? Porque todos tienen algo que perder: control logístico, aliados gremiales, información sensible y un pingue negocio. Nadie quiere patear el hormiguero del Mercado Central y todos prefieren el silencio del “siga, siga”. Una situación que se contradice con los discursos de Milei: ¿Hay algo más casta que esta clase de células delictivas?
Mientras tanto, en Tapiales, la ley la escriben una organización más propiamente mafiosa que sindical. Y el pan —literal y simbólicamente— se reparte bajo amenaza.
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