En la provincia de Buenos Aires, el precio del pan subió un 12% y ya supera los $3.000 por kilo en las zonas céntricas. El ajuste responde a la suba de insumos, tarifas y alquileres, mientras el consumo de pan cayó 50% y el de facturas, 85%.
Actualidad 07 de octubre de 2025
En la economía real no hay margen para discursos. Hay harina, gas, luz y alquiler. Y todo sube. Desde este lunes, los panaderos bonaerenses aplicaron un aumento del 12% en el precio del pan, empujados por el alza de la harina, los servicios y los contratos de locación que se actualizan cada dos meses.
El nuevo piso es de $2.800 por kilo en los barrios y entre $3.000 y $3.300 en las zonas céntricas, aunque en muchos locales el precio ya supera los $4.000.
La Cámara de Industriales Panaderos bonaerenses justifica la medida en la “imposibilidad de seguir absorbiendo los costos”. Detrás de esa frase seca hay un paisaje social complejo: la gente compra menos, o directamente deja de comprar. La venta de pan cayó 50% en el último año y medio, y las facturas se desplomaron 85%.
“Antes la gente se llevaba dos kilos, ahora pide medio. Algunos ya se hacen el pan en casa, con harina y horno prendido lo justo”, cuenta un panadero de Merlo. Lo que era un hábito básico se volvió un lujo.
El pan como termómetro
El precio del pan nunca fue un número más. Es uno de los indicadores más precisos de cómo se siente la inflación en el bolsillo popular. Y hoy funciona como un termómetro de la crisis de poder adquisitivo que recorre el conurbano bonaerense.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la industria panadera no dejó de perder pie. Entre cierres, reducción de turnos y apagado de hornos, más de 1.700 panaderías bajaron la persiana en todo el país. El combo es conocido: tarifas dolarizadas, alquileres liberados tras la derogación de la ley, insumos importados y un consumo que no levanta.
“Ya no hay pan del día anterior, ni promociones. Se produce por pedido y con lo justo”, describen en el sector. Según datos gremiales, solo seis de cada diez amasadoras están en funcionamiento, y buena parte de los locales mantienen apagadas las heladeras para ahorrar energía.
Economía de mostrador
La caída del consumo no solo golpea al comerciante: impacta en toda la red de producción y empleo que sostiene la economía barrial. Cada panadería que cierra deja sin trabajo directo a seis personas en promedio y corta un circuito de circulación de dinero local: proveedores de harina, transportistas, distribuidores de gas y hasta pequeños talleres metalúrgicos que reparan hornos.
El modelo económico actual —basado en la liberalización de precios y el ajuste del gasto público— no contempla a este tipo de actores. Son demasiado pequeños para acceder al crédito y demasiado grandes para sobrevivir de changas. La rentabilidad se evaporó.
Y el pan, ese bien universal que acompañó todas las crisis argentinas, empieza a ser un símbolo incómodo: una economía que produce alimentos, pero que ya no puede garantizarlos baratos.
La política del horno apagado
En el discurso oficial, el gobierno celebra el superávit fiscal y la caída del gasto. Pero esas variables no se comen. En la panadería, los números son otros: el kilo de harina subió 12%, la electricidad 200% en un año y el alquiler de los locales se ajusta mensualmente. El costo político de ese modelo se mide en persianas bajas.
La paradoja es cruel: la “libertad de mercado” que promete competitividad está dejando sin oxígeno a los productores más chicos. Las panaderías son el rostro de esa tensión entre la macro y la micro.
En los próximos meses, los precios seguirán subiendo y el consumo seguirá cayendo. El círculo vicioso es evidente: menos ventas, más costos unitarios, más aumentos. El riesgo ya no es macroeconómico, sino social.
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