Por: Víctor Hortel (*), especial para Capital 24
No hay en política discusiones neutras ni meramente técnicas. Detrás de cada decisión de gobierno, de cada diseño institucional y de cada argumento económico, opera siempre una opción moral previa. El texto que motiva este trabajo acierta en señalar que, más allá de matices y complejidades, los modos de pensar y de vivir en sociedad pueden ordenarse en torno a dos grandes tendencias antagónicas: la solidaridad y el egoísmo.
Esta no es una afirmación simplificadora ni un recurso retórico. Es, por el contrario, una clave de lectura profundamente peronista, porque el peronismo nace, se organiza y se proyecta históricamente como una respuesta política concreta frente al intento de naturalizar el egoísmo individual como principio rector del orden social.
El conflicto que se describe no es nuevo. Es el mismo que atraviesa toda nuestra historia nacional: pueblo u oligarquía, comunidad o mercado, justicia social o privilegio. Cambian los lenguajes, cambian los actores, pero el núcleo del enfrentamiento permanece.
Definimos la solidaridad como la capacidad de sentir con los otros, de sufrir con ellos y de alegrarse por sus realizaciones. Desde la doctrina peronista, esta definición debe ser profundizada: la solidaridad no es una disposición emocional, sino un principio político activo, que se expresa en instituciones, políticas públicas y formas de organización social.
Juan Domingo Perón fue claro al respecto: “La justicia social no es una concesión graciosa: es el resultado de una organización solidaria de la comunidad.” (Perón, La Comunidad Organizada, 1949).
La solidaridad peronista no se agota en la caridad ni en la empatía individual. Es una ética de la acción colectiva, que obliga a medir las conductas -propias y ajenas- en función de su impacto sobre el conjunto del pueblo. En este sentido, quienes privilegian la solidaridad juzgan la realidad desde un valor superior al individuo aislado.
Frente a ello, el egoísmo aparece como una lógica que traduce toda experiencia social al beneficio propio. No es casual que esta concepción tienda a presentarse como “realismo”, “sentido común” o “responsabilidad fiscal”: se trata, en verdad, de una moral del privilegio disfrazada de racionalidad.
En términos políticos, se identifica correctamente la traducción del egoísmo en el individualismo. El individuo es presentado como medida de todas las cosas, y la sociedad como un escenario en el que cada cual debe encontrar, por sí mismo, el lugar donde pueda ser feliz.
Esta concepción es frontalmente incompatible con el peronismo. Perón lo expresó sin rodeos: “El individualismo conduce a la disolución social; el hombre solo no es nada.” (Perón, Conducción Política, 1952).
Cuando un gobierno sostiene que cada persona debe arreglarse sola, no está promoviendo libertad: está renunciando a la responsabilidad política de organizar la comunidad. Y cuando se desconfía de toda forma de organización colectiva -movimientos sociales, sindicatos, cooperativas- no se está defendiendo la República, sino protegiendo un orden social injusto.
La acusación de que la organización popular constituye un “Estado dentro del Estado” revela el núcleo ideológico del liberalismo: su incapacidad para concebir la política como construcción colectiva. Para el peronismo, en cambio, la organización del pueblo no es una anomalía: es la condición misma de la democracia real.
Cuando el derecho de propiedad se presenta como inmaculado y superior a cualquier otro valor, el resultado no es neutralidad jurídica, sino consagración del privilegio.
Perón fue terminante: “El derecho de propiedad no puede ejercerse contra el bien común.” (Perón, Mensaje al Congreso Nacional, 1947).
La doctrina peronista no niega la propiedad privada, pero la subordina a la función social. Allí donde el ejercicio de ese derecho perjudica al conjunto -al impedir el acceso a bienes básicos, al especular con recursos estratégicos o al desentenderse del destino colectivo- deja de ser legítimo.
Cuando se afirma que los productores pueden disponer libremente de bienes esenciales sin consideración por las necesidades del pueblo, no se está defendiendo la libertad: se está defendiendo el derecho del fuerte a imponer su interés sobre el débil.
Sostenemos, que el verdadero criterio para evaluar una acción de gobierno es su posición frente a la igualdad o la discriminación. Esta afirmación es central para cualquier lectura peronista de la política contemporánea.
No existen políticas “técnicas” cuando se trata de distribución de recursos. Cada decisión que quita a unos para dar a otros expresa una toma de partido. Como señaló John William Cooke: “Toda política económica es, en última instancia, una política social.” (Cooke, Apuntes para la militancia, 1964).
Las medidas que empobrecen al Estado para favorecer a sectores que no lo necesitan imperiosamente no son errores: son decisiones ideológicas. Decisiones que privilegian al egoísmo, a la acumulación individual y a la desigualdad, en detrimento de la cooperación del fuerte con el débil.
El peronismo, por el contrario, parte de una certeza política irrenunciable: sin igualdad sustantiva no hay libertad real.
Debe entenderse que no describe una simple diferencia de opiniones, sino un conflicto de valores irreconciliable. Solidaridad o egoísmo. Comunidad o individuo aislado. Organización popular o mercado desregulado.
El peronismo no duda frente a esta disyuntiva. Nació para enfrentar al egoísmo organizado de los poderosos con la solidaridad organizada del pueblo. Y sigue siendo, hoy como ayer, una doctrina de combate.
Como afirmó Perón: “El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana.”
En tiempos en que se pretende naturalizar la desigualdad y presentar el egoísmo como virtud pública, reafirmar estos principios no es un gesto nostálgico. Es una toma de posición política. Y, para quienes nos reconocemos en el peronismo, es también una obligación militante.
(*) Abogado. Militante Peronista.
