Tres décadas después del motín de Sierra Chica: el juicio en La Plata, empanadas “humanas” y un cráneo como pelota de fútbol

En el horno del penal, hicieron empanadas rellenas con la carne humana de sus adversarios. Con la cabeza del líder, jugaron un fulbito en el patio intramuros. Furia sanguinaria. Después, el juicio oral fue una especie de “Gran Hermano”. Los reos televisados en su calabozo.

En otra sala, cercana, tribunal, testigos y partes seguían por monitores sus movimientos. El silencio fue la antesala de las condenas. En febrero de 2000, dentro de la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, en La Plata, los jueces comenzaron a leer las sentencias por el motín de Sierra Chica sin tener a los acusados frente a ellos.

Por primera vez en un proceso de este tipo, los 24 imputados siguieron la audiencia desde sus celdas, a unos 200 metros, a través de un sistema de audio y video. La distancia física reflejaba, de algún modo, la dimensión de los hechos juzgados: una violencia que había desbordado todos los límites conocidos.

Calles 520 y 176 como coordenadas. El lejano oeste platense. Un puñado de cronistas allí, en la denominada por entonces “cárcel de mayor seguridad en Latinoamérica”. Era el albor de los periodistas “judiciales” en las redacciones.

Esa cobertura inédita para la época, fue la primera en su tipo. Y la última. Las defensas plantearon vulneración de derechos por la forma televisada, en vivo y en directo a la que se exponían a sus asistidos: la llamada “Banda de los 12 Apóstoles”.

Las penas fijaron responsabilidades sobre la estructura de poder que emergió durante la revuelta. Marcelo “Popó” Brandán Juárez y otros cinco internos recibieron reclusión perpetua. Hubo también condenas de 15 y 12 años, una absolución y una pena menor. Pero el juicio, realizado cuatro años después, apenas lograba reconstruir una secuencia que había puesto en jaque al sistema penitenciario argentino durante la Semana Santa de 1996.

El 30 de marzo de ese año, pasado el mediodía, un movimiento mínimo desencadenó el colapso. Un pedido para usar el teléfono derivó en la reducción de los guardias y la toma del penal. La cárcel de Sierra Chica, diseñada bajo el modelo panóptico que prometía control total, dejó de responder al Estado en cuestión de minutos.

Lo que siguió no fue un estallido caótico sino una violencia organizada. Durante ocho días, la banda conocida como “Los 12 Apóstoles”, liderada por “Popó”, impuso su dominio interno. El objetivo inicial fue eliminar a un grupo rival. El primer asesinato marcó el tono: ejecuciones rápidas, con armas de fuego y facas, que se multiplicaron sin pausa.

En ese escenario también estaba el célebre criminal Carlos Eduardo Robledo Puch, quien cumplía prisión perpetua. Su rol durante la revuelta quedó envuelto en versiones contradictorias: refugio en la capilla o encierro en su celda, resistiendo el avance del caos.

Mientras tanto, afuera, las decisiones no llegaban. La jueza María de las Mercedes Malere ingresó al penal junto a su secretario para negociar. No hubo margen: ambos fueron tomados como rehenes.

Durante días, la magistrada permaneció bajo amenaza constante, incluso con episodios en los que los amotinados evaluaron arrojarla desde sectores elevados del edificio. Su testimonio posterior fue escueto: definió lo vivido como una “situación límite”.

Dentro del penal, la violencia escaló a niveles extremos. Los cuerpos de los internos asesinados fueron mutilados, desmembrados y cocinados en el horno de la panadería. Con esos restos se prepararon empanadas que algunos rehenes y guardiacárceles —diecisiete en total— fueron obligados a ingerir sin saber su origen. La revelación posterior provocó reacciones físicas y psicológicas inmediatas.

El horror también adquirió dimensiones simbólicas. Con la cabeza de uno de los internos asesinados jugaron al fútbol dentro del penal. La escena, reconstruida en el juicio, sintetizó el grado de descomposición alcanzado.

El control de “Los Apóstoles” fue absoluto. Quienes se negaban a obedecer eran ejecutados. Otros eran obligados a presenciar las mutilaciones como forma de disciplinamiento. En ese contexto, muchos internos quedaron atrapados en una lógica binaria: someterse o morir.

El 5 de abril, la crisis alcanzó su punto más visible. Desde los techos del penal, los amotinados hablaron con la prensa y exigieron vehículos, armas y un helicóptero para fugarse. Amenazaban con matar a todos, incluida la jueza. La incertidumbre condicionó cualquier intento de intervención: un operativo podía derivar en una masacre.

Con el paso de los días, comenzaron liberaciones parciales de rehenes y negociaciones centradas en beneficios judiciales. El miedo a represalias era explícito, tanto dentro como fuera del penal.

La rendición llegó el Domingo de Pascuas. Algunas demandas fueron parcialmente aceptadas. La violencia se detuvo, pero el saldo ya era irreversible: ocho muertos, decenas de heridos y una crisis que expuso fallas estructurales profundas, desde la sobrepoblación hasta el autogobierno de los pabellones.

Tres décadas después, el motín de Sierra Chica sigue siendo una referencia ineludible para entender los límites del sistema penitenciario argentino. No solo por la brutalidad de lo ocurrido, sino por lo que dejó al descubierto: un entramado donde, en ausencia del Estado, la violencia encontró su forma más extrema de organización.