Las partes alcanzaron un acuerdo que incluye la reparación del daño a la víctima y ahora el Tribunal Oral Criminal II de nuestra ciudad, deberá decidir si lo convalida.
El entendimiento fue impulsado por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi y aceptado por el particular damnificado, lo que permitió evitar la instancia de debate oral. De ser homologado, el expediente quedará definitivamente cerrado.
La investigación había puesto bajo la lupa a un grupo integrado por abogados, un contador y otros imputados, acusados de haber montado una maniobra para tomar el control operativo de una sociedad vinculada a un desarrollo inmobiliario. Según la hipótesis fiscal, el objetivo era avanzar en la venta de terrenos pese a que la firma se encontraba afectada por un prolongado litigio civil que impedía disponer de esos bienes.
El origen del conflicto se remonta a más de dos décadas atrás, cuando una disputa judicial dejó virtualmente paralizada a la sociedad. En ese contexto, y anticipándose a un eventual levantamiento de la restricción, los imputados habrían impulsado una serie de acciones para modificar la estructura formal de la empresa.
Entre las maniobras investigadas se mencionan la presentación de documentación presuntamente falsa ante organismos de control para cambiar autoridades y domicilio legal, así como la confección de poderes que habrían sido utilizados para iniciar la comercialización de los lotes.
La causa también describió una organización con roles definidos entre sus integrantes y mecanismos internos de compensación, que incluían la entrega de terrenos como forma de pago.
Sin embargo, la operatoria fue detectada antes de que se concretaran las transferencias de dominio, tras la denuncia de los representantes legítimos de la sociedad. A partir de allí se inició una investigación que reunió pruebas documentales y registros notariales.
El expediente llegó a juicio con acusaciones por asociación ilícita, falsedad ideológica y estafas reiteradas, entre otros delitos. No obstante, un punto de inflexión se produjo cuando el tribunal declaró la prescripción del delito de estafa, lo que modificó el escenario y habilitó la negociación.
Con ese cambio, las partes avanzaron hacia una solución alternativa centrada en la reparación del perjuicio económico. Ahora, la decisión final queda en manos del tribunal, que deberá definir si homologa el acuerdo y pone fin a uno de los casos más complejos de los últimos años en la justicia penal platense.
Los acusados en la causa son Hugo Marcos Manes, Juan Hugo Jofre, Viviana Marcela Noguerol (abogada), Jorge Gustavo Salim (abogado), Miguel Ángel Cravero, Natalia Carolina Salov (abogada), Ricardo Miguel Mutti y Gabriel Ernesto Mancovsky (contador público). Todos estuvieron en la audiencia desarrollada en La Plata, la mayoría de manera presencial, otros vía telemática.
