La disposición quedó plasmada en un convenio firmado entre el tribunal —encabezado por Hilda Kogan— y el Ministerio de Seguridad provincial. Aunque el objetivo central del acuerdo es reforzar la protección en edificios judiciales, uno de sus puntos más llamativos apunta a prácticas internas que la Corte busca erradicar.
El texto establece que los efectivos deberán cumplir “exclusivamente funciones de seguridad” y prohíbe de manera expresa que se les asignen diligencias personales, trámites o tareas administrativas. Además, advierte que el incumplimiento de esta norma será considerado una falta grave dentro del régimen disciplinario.
La inclusión de esta cláusula no pasó desapercibida. En los hechos, supone el reconocimiento de conductas extendidas que implicaban el uso indebido de recursos públicos, en un escenario donde distintos sectores judiciales denuncian falta de personal y sobrecarga laboral.
El convenio se firmó tras una serie de episodios que expusieron la fragilidad del sistema. Entre ellos, la irrupción armada en un juzgado de San Martín para presionar por la liberación de detenidos y los incidentes durante un juicio por jurados en Florencio Varela que dejaron a un magistrado herido.
A partir de estos hechos, se acordó centralizar los pedidos de custodia a través de la Corte, mientras que el Ministerio de Seguridad evaluará su asignación según criterios operativos. También se contempla reforzar la presencia policial en audiencias de alto riesgo, incluso fuera de las sedes judiciales.
Más allá de las medidas de seguridad, la advertencia del máximo tribunal se interpreta como un mensaje hacia el interior del propio Poder Judicial. En medio de reclamos salariales, cuestionamientos por infraestructura y debates por el presupuesto, la Corte busca ordenar el uso de recursos y marcar límites en el funcionamiento cotidiano.
