Mientras la Justicia revisa si el nivel de vida del jefe de Gabinete coincide con sus ingresos declarados, también quedó bajo la lupa el crecimiento patrimonial de su hermano Francisco.
Apareció un nuevo gasto millonario de Manuel Adorni en la causa que investiga su patrimonio. El jefe de Gabinete habría pagado tres meses extra de alquiler en un country, en dólares y en efectivo, porque la casa que remodelaba todavía no estaba lista y la mudanza tuvo que esperar. Con un sueldo actual de 7,1 millones de pesos, la Justicia revisa si los gastos del funcionario tienen relación con sus ingresos, mientras aún no presentó explicaciones patrimoniales.
El vecino que le alquiló la casa en Indio Cuá, José Luis Rodríguez, declaró este miércoles como testigo y aportó una pieza nueva a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Según contó, Adorni y su familia vivieron durante 18 meses en su propiedad y pagaron un total de 21.000 dólares, siempre en efectivo.
La declaración confirmó parte de lo que ya había contado el contratista Matías Tabar, quien había mencionado un contrato por US$13.000. Pero Rodríguez agregó capítulos al relato. Primero, dos meses de alquiler previos al desembarco libertario, acordados en octubre de 2023 por US$5600. Después, una prórroga de palabra de tres meses más, porque la casa nueva no llegaba.
Según el testigo, Adorni le pidió extender el alquiler mientras terminaban las refacciones de la propiedad que había comprado en el mismo country. El acuerdo fue simple y sin papeles: US$800 por mes durante un trimestre.
La mudanza dependía de una obra bastante más ambiciosa que cambiar un cuerito. El contratista Tabar declaró en la causa haber cobrado US$245.000 por remodelaciones entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Pisos nuevos, paredes renovadas y una pileta con cascada forman parte de las mejoras mencionadas en el expediente.
La vivienda había sido comprada por US$120.000 y, según la documentación reunida, el mismo día de la escritura Adorni acordó un préstamo no bancario por US$100.000 con dos mujeres policías acercadas por la escribana.
El fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo investigan si el patrimonio y el nivel de gastos del funcionario guardan relación con sus ingresos declarados.
Hasta ahora, el expediente reconstruyó gastos de al menos US$400.000 vinculadas a propiedades y deudas superiores a US$330.000.
Investigan al hermano de Adorni por enriquecimiento ilícito
La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una batería de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal 6 y el fiscal Guillermo Marijuan impulsó formalmente la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Marina Pagano.
En el dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación tendrá por objeto “la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni”.
Según el dictamen, el funcionario “habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional”, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
El fiscal recordó que, de acuerdo con la denuncia, Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.
En el escrito se detalló además que, al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones. También consignó bienes y dinero por un total de $43.790.000 y “ninguna suma en concepto de deudas”.
Sin embargo, el fiscal advirtió que en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000.
Según se consignó, el incremento “se explicaría sustancialmente” por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
En uno de los tramos del dictamen, el fiscal señaló que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”.
A pesar de mencionar la existencia de otra causa vinculada al patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que “aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación”.
Para avanzar con la pesquisa, el Ministerio Público pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y requirió una extensa serie de informes a organismos públicos y entidades financieras.
Entre otras medidas, solicitó información a ARCA sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.
También pidió al Banco Central que requiera a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera.
El dictamen incluyó además un requerimiento específico al Banco Provincia para que remita “detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026”, incluyendo fecha, monto, medio de pago y origen de los fondos utilizados.
La investigación también apunta a reconstruir posibles vínculos societarios, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario. Para eso, se libraron pedidos a la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero.
Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción le pidió las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
