La pelea del Gobierno contra los registros automotores acaba de entrar en una nueva etapa. Esta vez no hubo motosierra ni anuncios estridentes: la estrategia pasa por la digitalización. El Ministerio de Justicia lanzó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una reforma que promete dejar atrás el modelo basado en expedientes de papel, oficinas físicas y largas esperas para avanzar hacia un esquema completamente digital.
No es un movimiento casual. Si hay un organismo que logró reunir críticas de conductores de todas las ideologías durante décadas, ese fue el sistema de registros automotores. Transferencias costosas, trámites repetitivos y una burocracia que muchos consideran excesiva convirtieron al sector en un blanco ideal para un Gobierno que construyó buena parte de su identidad política enfrentando lo que denomina "los privilegios de la casta". En esa batalla, atacar un sistema impopular genera un beneficio administrativo, pero también un evidente rédito político.
La resolución publicada en el Boletín Oficial ordena a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios elaborar, en un plazo de 30 días, el cronograma para implementar la reforma. El objetivo es reorganizar el sistema de manera progresiva sin interrumpir la atención ni afectar la seguridad jurídica de las operaciones.
Menos papeles, menos oficinas y más gestión digital
El proyecto se sostiene sobre tres pilares. El primero apunta a digitalizar completamente los trámites registrales. El segundo propone reorganizar la estructura institucional de la Dirección Nacional y de los registros seccionales. El tercero contempla las modificaciones normativas necesarias para consolidar el nuevo esquema en todo el país.
En la práctica, el Gobierno pretende profundizar herramientas que ya comenzaron a utilizarse en los últimos años, como el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor y las plataformas RUNA y RUV. La meta final consiste en que patentamientos, transferencias y demás gestiones puedan realizarse de manera electrónica desde cualquier punto del país, reduciendo tiempos, costos y documentación en papel.
La promesa oficial incluye una larga lista de beneficios: simplificación de trámites, menor costo operativo, mayor trazabilidad, controles más eficientes y una experiencia más ágil para los usuarios. En otras palabras, que comprar o vender un vehículo deje de convertirse en una carrera de obstáculos administrativos.
La iniciativa tampoco aparece aislada. Desde el comienzo de la gestión libertaria, Javier Milei convirtió a los registros automotores en uno de los símbolos de la burocracia estatal. En 2024 eliminó más de un centenar de dependencias intervenidas, impulsó una reducción de personal mediante retiros voluntarios y jubilaciones, suprimió el CETA y eliminó la obligatoriedad de la cédula azul. También intentó aplicar un fuerte incremento de aranceles que terminó retrocediendo luego del rechazo generado.
Ahora la estrategia cambia de tono. En lugar de concentrarse únicamente en el ajuste de estructuras, la Casa Rosada busca mostrar resultados concretos para millones de automovilistas. Es una jugada políticamente inteligente: pocas reformas prometen generar tanto consenso como eliminar trámites que la mayoría considera innecesarios.
La verdadera prueba, sin embargo, llegará cuando la digitalización salga del papel. Porque en la Argentina las reformas administrativas suelen anunciarse con rapidez, pero el desafío siempre aparece cuando deben convivir con sistemas viejos, intereses instalados y una burocracia que rara vez entrega terreno sin resistencia.
