Por: Lic. Sandra Campos (*)
Mientras, yo me pregunto: ¿Por qué una sociedad que envejece todavía no logra reconocer a las personas mayores plenamente, como sujetos de derecho, de deseo, de autonomía, de palabra y de decisión?
Les conté que esta problemática se presenta en algunas partes del mundo con diferentes contextos, pero llego a la conclusión de que se trata de toda conducta que dañe la integridad, la libertad, la salud, el patrimonio, la autoestima o la autonomía de una persona mayor y, donde sea que ocurra, el maltrato hacia las personas mayores puede definirse como una acción única o repetida, y también como la falta de una acción necesaria.
¿Cuándo debemos sospechar?
Debemos prestar atención cuando una persona mayor cambia bruscamente de conducta, se muestra triste, asustada, retraída, ansiosa o evita hablar delante de determinada persona. También cuando presenta lesiones sin explicación clara, descuido físico, pérdida de peso, falta de medicación, mala higiene, ropa inadecuada, aislamiento, temor a quedarse sola con un cuidador o dificultad para acceder a su propio dinero.
Pueden aparecer señales patrimoniales: movimientos bancarios extraños, deudas inesperadas, desaparición de objetos, cambios repentinos en documentos, poderes o escrituras, o una persona del entorno que responde siempre por ella e impide que hable y así quedar encerrada en un vínculo de dependencia y miedo.
¿Por qué ocurre?
El maltrato ocurre por múltiples causas. Una de las principales es por edadismo, es decir, la discriminación por edad. Cuando una cultura considera que una persona mayor “ya no entiende”, “molesta”, “no produce”, “es una carga” o “debe obedecer”, abre la puerta a prácticas abusivas.
Pero ninguna de estas causas justifica el maltrato. Explican el contexto, no la responsabilidad. Una persona puede estar enferma, depender de otros o necesitar ayuda para algunas actividades, pero jamás pierde su dignidad ni su derecho a decidir sobre su vida.
¿Qué derechos protegen a las personas mayores?
En Argentina, están protegidas por la Constitución Nacional y, especialmente, por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta Convención fue aprobada por nuestro país y cuenta con jerarquía constitucional.
Esto significa que no se trata de una declaración simbólica. Las personas mayores tienen derecho a la dignidad, a la independencia, a la autonomía, a la participación, a la salud, a la seguridad, a la no discriminación, a la accesibilidad, a vivir sin violencia, a decidir dónde y con quién vivir, a recibir cuidados de calidad y a que se respete su voluntad.
¿Dónde denunciar?
Ante una emergencia o riesgo inmediato, llamar al 911. Si hay violencia familiar o sexual, también puede llamarse a la Línea 137, que brinda asistencia, contención y acompañamiento las 24 horas, todos los días del año. También cuenta con WhatsApp: +54 9 11 3133-1000.
Si la situación involucra violencia de género -por ejemplo, una mujer mayor maltratada por su pareja, hijo, cuidador u otra persona- se puede llamar al 144, línea gratuita de atención, contención y asesoramiento, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
En la provincia de Buenos Aires, las denuncias pueden realizarse ante fiscalías, oficinas de denuncias del Ministerio Público Fiscal, comisarías, Comisarías de la Mujer y la Familia, fiscalías de turno o mediante el sistema Mi Seguridad. La denuncia es gratuita y no requiere abogado. Puede denunciar la víctima, un familiar, un vecino, un profesional de salud, un trabajador social, una institución o cualquier persona que tome conocimiento de una situación de violencia.
Si la persona mayor es afiliada a PAMI y el problema está vinculado con prestaciones, abandono de atención, dificultades de acceso, reclamos sobre cuidados o servicios, puede comunicarse al 138, PAMI Escucha y Responde
¿Qué penalización puede recibir quien maltrata?
Si hay golpes, puede tratarse de lesiones leves, graves o gravísimas. Si hay abandono de una persona que no puede valerse por sí misma o a quien se tiene obligación de cuidar, puede configurarse abandono de persona. Si hay amenazas, puede aplicarse el delito de amenazas. Si se impide salir, comunicarse o decidir, puede haber privación ilegítima de la libertad. Si se manipula el patrimonio, puede haber estafa, defraudación, circunvención de incapaces u otros delitos contra la propiedad. Si hay abuso sexual, se aplican los delitos contra la integridad sexual.
Las penas pueden ir desde meses de prisión hasta varios años, y se agravan cuando el hecho produce lesiones graves, muerte, abuso de una situación de vulnerabilidad, vínculo familiar, deber de cuidado o relación de confianza. En casos de abandono de persona, la pena puede ser de prisión; y si deriva en grave daño o muerte, las escalas aumentan considerablemente. En lesiones, amenazas, abuso sexual, estafa o privación de libertad, el Código Penal prevé sanciones específicas según la gravedad del hecho.
Además de la vía penal, los juzgados pueden dictar medidas urgentes de protección: exclusión del agresor del hogar, prohibición de acercamiento, restitución de documentación o tarjetas, acompañamiento institucional, intervención de equipos técnicos, protección patrimonial, asistencia médica, alojamiento alternativo o medidas para garantizar el cuidado.
Una responsabilidad colectiva
El maltrato hacia las personas mayores es una violación de Derechos Humanos. Callarlo, minimizarlo o considerarlo “cosas de familia” contribuye a sostenerlo. La familia, el barrio, los clubes, las instituciones, los centros de salud, los bancos, los comercios y los organismos públicos deben aprender a detectar señales, escuchar sin juzgar y actuar con rapidez.
Una sociedad que envejece necesita algo más que discursos sobre la longevidad: necesita construir una cultura del buen trato. Eso implica respetar la palabra de las personas mayores, no infantilizarlas, no decidir por ellas cuando pueden decidir, no aislarlas, no apropiarse de sus bienes, no reducirlas a su enfermedad ni a su jubilación.
Las personas mayores no son objetos de asistencia: son sujetos de derecho. Tienen historia, voluntad, patrimonio, afectos, proyectos y voz propia. Protegerlas del maltrato no es un gesto de compasión; es una obligación legal, ética y humana.
Denunciar no es traicionar a una familia. Denunciar es interrumpir una violencia. Es devolverle a una persona mayor la posibilidad de vivir sin miedo, con dignidad y con respeto. Porque una comunidad que no cuida a sus mayores no sólo vulnera el presente de quienes envejecieron: también anticipa el futuro que nos espera a todos
Vivir con miedo
El punto central es este: el miedo se vuelve una señal de alerta cuando limita la libertad de la persona mayor. Cuando deja de salir, deja de hablar, deja de decidir, deja de manejar su dinero o deja de pedir ayuda, no estamos sólo ante una emoción: podemos estar ante una situación de vulnerabilidad o maltrato.
No naturalicemos el maltrato, no legitimemos el miedo bajo una mirada edadista. Dejar de preocuparse y pasar a ocuparse salva vidas.
(*) Directora de Masa Madre Consultora.
Especialista en Economía Plateada y Longevidad Positiva.
Te espero este jueves 18 de junio, a las 14.30, en un encuentro de dos horas, para informar acerca de esta temática, gratuito y para todas las edades en el Abuelos Club La Plata, Calle 60 N° 1273, entre 20 y 21. Organizado desde la Mesa de Personas Mayores de la UNLP, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas y el Instituto de la Nueva Edad de la Fundación Pro Humanae Vitae, en el marco del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.
