El anuncio del juicio oral causó sorpresa en ámbitos judiciales y políticos. Pero será recién en 2028. Lo que nadie dice: para ese entonces la mayoría, o tal vez todas las situaciones procesales de los imputados se encontrarán prescriptas por el paso del tiempo.
Lo que se supo en las últimas horas, tal como lo anticipó Capital 24, es que la megacausa que investiga un presunto esquema de corrupción en el IOMA durante la gestión de Daniel Scioli dio un paso decisivo: el Tribunal Oral Criminal III de La Plata rechazó los planteos de las defensas y dejó el expediente en condiciones de llegar a juicio oral y público.
La audiencia fue fijada para los días 18, 21, 23, 24 y 25 de febrero de 2028, aunque los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Ramiro Fernández Lorenzo aclararon que procurarán adelantarla si la agenda del tribunal lo permite.
No obstante, la resolución implica un revés para los acusados, que habían intentado cerrar el proceso a través de distintos planteos. Entre ellos, solicitaron la prescripción de los delitos, la extinción de la acción penal por violación del plazo razonable, la reparación integral del daño económico y la suspensión del juicio a prueba.
Los magistrados descartaron todas las alternativas. Para resolverlo, ponderaron la complejidad de la pesquisa, el número de imputados, la diversidad de maniobras investigadas y el interés público comprometido en una causa que involucra recursos de la obra social bonaerense y prestaciones vinculadas al sistema de salud.
La fiscal de juicio Victoria Huergo sostuvo que los hechos investigados afectan de manera directa a la administración pública y a la atención sanitaria provincial. En tanto, Martín Lasarte intervino en representación de la Fiscalía de Estado bonaerense.
El expediente se inició a partir de denuncias de afiliados y trabajadores del IOMA. Según la acusación, funcionarios, empleados jerárquicos, farmacéuticos, empresarios y prestadores habrían integrado una estructura destinada a desviar fondos públicos mediante autorizaciones irregulares, documentación apócrifa, sobrefacturación y provisión fraudulenta de medicamentos oncológicos y otras prestaciones médicas.
La investigación se desarrolló en la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Complejos de La Plata y derivó en allanamientos, detenciones, intervenciones telefónicas y numerosos procesamientos. La hipótesis fiscal sostiene que el perjuicio para el Estado bonaerense fue multimillonario y que las maniobras se extendieron durante varios años dentro de áreas sensibles del funcionamiento de la obra social.
Entre los acusados figuran exfuncionarios y empleados del IOMA, como Marcelo Piergiácomi, exsubdirector Técnico Científico y de Farmacia y Bioquímica; Sergio Leonardo Massaccesi, exjefe del Departamento de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica; y Guillermo Hernández Plata, médico oncólogo auditor. También llegarán al debate empresarios, proveedores y farmacéuticos vinculados a las prestaciones bajo investigación.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue el rechazo al pedido de prescripción. Las defensas habían señalado que transcurrieron más de doce años desde el inicio de las actuaciones y que algunos imputados no tenían capacidad de decisión dentro de la estructura estatal.
El tribunal respondió que el IOMA integra la administración pública y recordó que, para este tipo de delitos, la ley equipara a funcionarios y empleados públicos. También descartó los pedidos de probation y reparación económica, al considerar que la gravedad institucional de los hechos y la vinculación de los acusados con el Estado impiden aplicar esos beneficios.
Con esas definiciones, el caso quedó formalmente encaminado hacia un debate que promete ser uno de los procesos por corrupción más relevantes que tendrá la Justicia platense en los próximos años. Durante las cinco jornadas previstas deberán declarar decenas de testigos, peritos, policías, instructores judiciales y funcionarios.
En el centro del juicio estarán las decisiones tomadas dentro del IOMA durante la administración sciolista y la acusación de haber utilizado recursos destinados a la salud de millones de bonaerenses para favorecer intereses privados.
