La pelea entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei volvió a mudarse a los tribunales. Esta vez no para abrir una nueva discusión, sino para evitar que una ya existente quede congelada durante la feria judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, decidió jugar una carta más: pidió que la Justicia siga trabajando durante el receso para avanzar hacia una sentencia definitiva sobre el financiamiento del sistema universitario.
La jugada tiene una explicación sencilla. Las universidades sostienen que ya pasó casi un año desde que el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y, entre vetos, decretos, apelaciones y expedientes, el dinero sigue siendo el protagonista de una novela que parece no encontrar capítulo final. En la rosca judicial hay una máxima conocida: el tiempo también juega. Y el CIN quiere impedir que vuelva a hacerlo.
El pedido fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal de turno durante la feria. Antes de que el magistrado tome una decisión deberá intervenir el fiscal, quien tendrá que definir si existen razones suficientes para mantener el expediente en movimiento mientras buena parte del Poder Judicial reduce su actividad.
La cautelar existe, pero las universidades quieren una sentencia definitiva
El conflicto ya tuvo un fallo importante semanas atrás. La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que ordena al Estado cumplir parcialmente la Ley 27.795, particularmente en lo referido a la actualización de salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
Sin embargo, para las autoridades universitarias el problema continúa prácticamente igual. Sostienen que esos incrementos todavía no fueron ejecutados plenamente y que la resolución provisoria dejó en evidencia un problema mayor: la discusión de fondo sigue abierta.
Por eso ahora el objetivo cambió. Ya no alcanza con sostener una cautelar. El CIN busca que la Justicia resuelva definitivamente si el Poder Ejecutivo debe aplicar la ley sancionada por el Congreso y, además, que declare inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno condicionó su implementación a la existencia de una fuente específica de financiamiento.
Ahí aparece el verdadero núcleo de la disputa. La Casa Rosada sostiene que no puede ejecutar gastos sin respaldo presupuestario. Las universidades responden que una ley vigente no puede quedar suspendida por decisión administrativa. Traducido a lenguaje menos jurídico: mientras una parte discute cómo cerrar las cuentas públicas, la otra reclama que el equilibrio fiscal no se haga con las aulas como variable de ajuste.
Desde el CIN también cuestionan lo que consideran una estrategia dilatoria del Estado durante todo el proceso judicial. Afirman que las distintas presentaciones realizadas por el Ejecutivo terminaron estirando los tiempos de una causa que, mientras acumula escritos, mantiene sin resolución definitiva el financiamiento de un sistema que reúne a millones de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores en todo el país.
En junio hubo un intento de descomprimir el conflicto mediante un acta firmada entre el Gobierno y las universidades para reforzar partidas destinadas a salarios, funcionamiento y hospitales universitarios. Pero los rectores consideran que ese compromiso administrativo no reemplaza el cumplimiento integral de una ley ni de las resoluciones judiciales ya vigentes.
La discusión, entonces, dejó hace rato de ser solamente presupuestaria. También pone a prueba el vínculo entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia.
