La baja de la inflación se convirtió en la principal bandera económica del Gobierno. Pero detrás de ese dato aparece otro menos celebrado: el salario continúa corriendo desde atrás. El problema ya no es solamente cuánto aumentan los precios, sino que los ingresos siguen sin recuperar el terreno perdido mientras el empleo formal continúa achicándose.
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que en mayo los salarios registrados aumentaron apenas un 1,8%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,1%. La diferencia parece pequeña, apenas tres décimas. Sin embargo, consolida una tendencia que comenzó en septiembre y ya acumula una pérdida del 4,2% del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.
Detrás de ese promedio aparecen realidades diferentes, aunque todas con saldo negativo. Los empleados privados registrados recibieron un incremento del 2%, mientras que los estatales obtuvieron un 1,5%. Dentro del sector público, los trabajadores nacionales tuvieron una actualización del 1,9% y los provinciales del 1,4%.
La consecuencia es sencilla de explicar: cuando el salario crece menos que los precios, el trabajador compra menos aun cuando cobre más pesos.
Menos inflación no significa más bienestar
La estrategia económica de Javier Milei apostó desde el primer día a estabilizar los precios como condición indispensable para ordenar la economía. Esa meta comenzó a mostrar resultados estadísticos. El problema es que la estabilidad monetaria todavía no logró traducirse en una recuperación consistente del ingreso.
Entre enero y mayo de este año, los salarios del sector privado registrado crecieron un 12,3%, mientras que la inflación acumuló un 14,7%. Los estatales aumentaron un 13,7%, también por debajo del costo de vida.
La consecuencia es una nueva caída del salario real. Los trabajadores privados perdieron un 2,1% de capacidad de compra en lo que va de 2026 y los empleados públicos resignaron un 0,9%.
Si la comparación se amplía, el deterioro resulta todavía más evidente. De acuerdo con cálculos del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborados sobre datos oficiales, los trabajadores nacionales perdieron un 7,3% de poder adquisitivo durante el último año, los provinciales un 3,2% y los privados un 2,9%.
El retroceso adquiere otra dimensión al tomar como referencia el inicio de la actual gestión. Desde noviembre de 2023, los salarios privados acumulan una pérdida real del 3,6%, mientras que los empleados públicos nacionales registran un desplome del 17,8%. En promedio, los trabajadores registrados perciben ingresos con un poder de compra 8,7% inferior al existente cuando comenzó el actual gobierno. La otra cara del problema aparece en el mercado laboral.
Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo registrado volvió a caer en abril y acumuló once meses consecutivos de retroceso. Durante ese mes desaparecieron 28.736 puestos registrados.
El empleo privado explicó la mayor parte del deterioro, con 11.673 puestos menos, mientras que el sector público incorporó 2.816 trabajadores y el servicio doméstico sumó otros 409.
La situación tampoco mejora entre los independientes. En abril dejaron de estar registrados 4.107 autónomos, 11.091 monotributistas y otros 5.135 beneficiarios del monotributo social.
Desde noviembre de 2023 el mercado laboral perdió 329.667 empleos asalariados registrados y 576.033 inscriptos entre monotributistas, autónomos y monotributo social.
La combinación comienza a dibujar un escenario conocido en la economía argentina: salarios que no alcanzan a recuperar lo perdido y un mercado laboral cada vez más reducido.
