La investigación por el Caso Chocolate puso ahora la lupa sobre un documento administrativo que podría resultar clave: los “memos normalizados de propuestas de designación y/o contratación”. Allí debería figurar quién impulsó el ingreso de cada uno de los empleados cuyas tarjetas de débito estaban en poder de Julio “Chocolate” Rigau.
Ante los reiterados pedidos de la fiscal de La Plata, Betina Lacki, que no habían sido respondidos de manera satisfactoria, el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio ordenó a la Cámara de Diputados bonaerense entregar “de forma inmediata” copias legibles de esos documentos. Son 50 en total: el correspondiente al propio Rigau y otros 49 titulares de tarjetas que, según la investigación, no cobraban personalmente sus salarios.
La fiscalía busca así llegar a un dato central: quién propuso a cada uno de los presuntos empleados fantasma. Los contratos estaban vinculados a bloques políticos y algunos se remontan a 2002. Es decir, el mecanismo investigado podría llevar más de dos décadas funcionando.
En la casa de Rigau, ubicada en las afueras de La Plata, se encontraron fotocopias de DNI, declaraciones juradas de domicilio y anotaciones con nombres y apellidos. Eran parte de la documentación necesaria para poner en marcha las contrataciones. El “memo” que ahora reclama la Justicia podría completar ese circuito y señalar a los responsables de haber propuesto cada designación.
Rigau fue descubierto mientras retiraba dinero de distintas cuentas con tarjetas de débito de la Cámara de Diputados. Los titulares figuraban como empleados, pero no cumplían tareas ni recibían sus haberes. Los salarios, correspondientes a contratos de “bloque político”, eran extraídos por el puntero. A cambio, los beneficiarios conservaban aportes previsionales y cobertura de IOMA.
El alcance económico de la maniobra también creció de manera significativa. La primera estimación ubicaba el perjuicio en unos $800 millones por contrataciones realizadas entre 2012 y 2023. Pero la fiscalía amplió el período investigado hasta el 1° de enero de 2002. Con ese nuevo escenario, el daño al Estado podría acercarse a los $4.000 millones, según un cálculo conservador y considerando solamente este grupo de tarjetas.
Atencio ya había advertido, al rechazar un pedido de excarcelación de Rigau, que la investigación podía revelar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Los 50 memos que ahora exige a la Legislatura podrían ser una pieza decisiva para determinar hasta dónde llegaba la estructura y quiénes estaban detrás de las contrataciones.
El expediente, además, abrió otras líneas de investigación. En el teléfono de Rigau apareció un mensaje de Facundo Albini que decía “Necesito unos nombres para la Muni”, lo que derivó en una causa por presuntos “ñoquis” de la Municipalidad. A su vez, otro fiscal investiga a una pareja vinculada al radicalismo que fue filmada realizando extracciones con 39 tarjetas de débito del Senado bonaerense.
