Banda de Usurpadores en La Plata: el abogado penalista acusado de pedir coimas recusó a la fiscal

Está detenido por fraude junto a otras diez personas, entre ellas un escribano y el dueño de una inmobiliaria. Lo sindican por extorsionar a un fiscal de nuestra ciudad. Comenzaron a peritar su celular.

Policiales15 de septiembre de 2023
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Con el objetivo de trazar una pericia de llamadas y mensajes entrantes y salientes, la fiscalía en turno de La Plata procedió ayer a la apertura del teléfono celular del abogado penalista Juan Manuel Fontana, detenido por pedirle dinero a un cliente para sobornar a un fiscal de nuestra ciudad.

En tanto, ayer se realizó una inesperada audiencia oral en la sede de la fiscal Betina Lacki, quien lleva adelante la investigación por la denominada Banda de Usurpadores. Allí los abogados del acusado Fontana recusaron a Lacki. 

Asimismo, la defensa de Fontana tiene abiertos otros frentes procesales. Ante el juzgado de Garantías pidieron su excarcelación. Esa resolución será resuelta hoy a primera hora por el juez de Garantías, Pablo Raele. 
En su conjunto, los intentos de los letrados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri que asisten al abogado detenido, procuran conseguir la libertad y a la vez apartar a la fiscal Lacki que en pocas horas detuvo a diez integrantes de la Banda de Usurpadores. Fuentes judiciales informaron que en esa causa la fiscal sospecha que Fontana estaría implicado con la mencionada banda. 

Por su parte, los defensores dieron ciertos argumentos de “técnica procesal” al recusar a la fiscal. Dijeron que Lacki no notificó a Fontana de la formación de la causa; que la pericia del celular se libró sin notificar al Colegio de Abogados según la normativa; entre otros planteos. 

Fontana fue indagado el sábado 9 de septiembre y se negó a declarar. Según la investigación judicial que tramita Lacki, Fontana le habría exigido a uno de sus clientes, detenido por una causa de violencia de género, una importante suma de dinero como parte de un supuesto soborno para que el fiscal que llevaba adelante su caso no se negara a su excarcelación.

En el expediente se indica que Fontana habría recibido 500.000 pesos en efectivo, 700 dólares y un Peugeot 307 para el pago de esa presunta coima. Además, otros 130.000 pesos para sus “honorarios”. Tras descubrir el engaño, la víctima denunció el hecho ante las autoridades y aportó audios que incriminarían al letrado.
El propio fiscal “mencionado” declaró ante su par, la fiscal Lacki. Dijo que el hombre acusado de violencia de género "se hizo presente en su despacho y en presencia de dos funcionarias de la fiscalía le manifestó que su abogado Fontana le exigió mucho dinero, incluso le exigió un auto, que ello era para 'cubrir los gastos'", se señaló en el expediente. 

En su pedido de detención a Fontana, la fiscal Lacki manifestó que "como se advierte en estos audios, el imputado, más allá de las numerosas auto referencias y auto elogios hacia su propia persona, tiene pleno conocimiento de la calidad ilícita de su maniobra y, a pesar de ello, se enorgullece de las mismas. Hace uso indebido de su conocimiento profesional, busca distorsionar la información que brinda respecto al estado procesal" de su asistido, "en beneficio personal a fin de enaltecer su accionar y robustecer que la única salida era 'la remuneración al fiscal' y, no menos importante, instala la idea que él 'puede' resolver situaciones que otros abogados no".

El planteo de la fiscal Lacki fue convalidado por el juez de Garantías Raele, ordenando entonces la detención de Fontana. Fuentes judiciales afirmaron que la fiscalía tiene pensado fusionar la causa de Fontana con la de la llamada Banda de Usurpadores. El mismo día que fue detenido el letrado penalista, también cayeron un escribano (Julián Castrillo), un funcionario judicial (Carlos Ibarrola), un policía (Martín Ayala), particulares y el dueño de una inmobiliaria junto a otras siete personas. En ese megaexpediente se investiga una organización que realizaba usurpaciones en La Plata para luego vender las propiedades con escrituras adulteradas.

Lacki logró establecer, junto a la división Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que la operatoria de la “Banda de los usurpadores” consistía en intrusar lotes y casas y pasaba la información a un notario que se encargaba de confeccionar la documentación adulterada. Luego esas propiedades eran publicadas a través de distintas plataformas web y finalmente vendidas en forma fraudulenta. 
En esa organización había un eslabón clave.

Se trata de un funcionario judicial que a la vez resultó ser un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ejercía funciones de custodia en una Fiscalía de Juicio de La Plata. Sospechan que suministraba información sobre las causas en trámite.

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