Ordenan liberar a un barra de Estudiantes detenido por un asesinato y piden investigar al fiscal y a jefes policiales

Se trata de Miguel Tobar. Estuvo cuatro años y medio preso por un crimen en Altos de San Lorenzo. Y era inocente. Es la segunda vez que la justicia “falla” con él. También permaneció bajo encierro mucho tiempo por la recordada Masacre Policial de la Planta Transmisora. Allí también fue sobreseído.

La justicia penal de La Plata dispuso el sobreseimiento e inmediata libertad de Miguel Enrique “El Negro” Tobar (44), conocido barrabrava del club Estudiantes de La Plata que se encontraba detenido bajo prisión preventiva primero y luego domiciliaria, desde hace más de cuatro años por el crimen de Iván Couste, ocurrido el 3 de octubre de 2015 en la localidad de Altos de San Lorenzo.

La medida fue dictada ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) IV de La Plata, integrado por los jueces Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara y Carolina Crispiani, en el marco de una audiencia preliminar de un juicio por jurados en el que Miguel Tobar iba a estar sentado en el banquillo de los acusados. 

Había un solo testigo de cargo y se desdijo. Salieron a la luz aprietes y amenazas para declarar falsamente. La fiscalía, la querella y los jueces se quedaron finalmente sin pruebas de cargo. No quedó otra posibilidad que dejar al imputado libre de culpa y cargo, en un nuevo escándalo de proporciones en el fuero penal de La Plata. 

Asimismo, el Tribunal a pedido de la fiscal de juicio, Victoria Huergo, radicó una denuncia en contra del fiscal que instruyó la causa en la que se imputó a Tobar y también se dispuso investigar a dos altos jefes policiales que intervinieron en esa investigación. 

Ante el requerimiento de la fiscal Huergo, el Tribunal IV envió copias de las videograbaciones de las audiencias de la audiencia preliminar del juicio por jurados, a la fiscalía de turno, para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta.

Para Huergo, su colega fiscal Garganta fue “quien en su momento tuvo a cargo la investigación de la causa por la cual Tobar permaneció cuatro años y medio privado de su libertad y por ello debe ser investigado”. 

Por los mismos argumentos, la fiscal solicitó al Tribunal IV que investigue a dos altos oficiales de la DDI: Damián Camerini y Héctor Omar Juliá.

Tobar estaba acusado por el crimen de Iván Couste, ocurrido en 2015. La víctima fue ultimada a sangre y fuego en su vivienda en medio de una enorme balacera. El abogado de Tobar, Damián Barbosa, había pedido además la excarcelación de su asistido, al considerar que no existían pruebas en su contra.

El único testigo

Estaba previsto que el debate, con jurado popular, diera inicio el 13 de abril de 2026. “El testigo sobre el cual se cimentaba la débil estructura del caso sostenido contra Tobar, Lautaro De Luca, realizó una denuncia penal en la cual fue contundente respecto a no conocer ni haber visto en su vida a Miguel Tobar”, indicó el defensor en un escrito. 

Ese testigo, según se informó, era la única evidencia contundente que quedaba contra el imputado Tobar. 

Barbosa citó la declaración del presunto testigo: “El día que sucedió el hecho (fallecimiento de Couste) se generó mucha bronca conmigo por parte de la familia del chico que mataron, por lo que personal de la comisaría Octava me llevó a la dependencia para que declarara. (Allí) conté todo lo que sabía, dando los nombres de las personas con las que hubo problemas previos y de quiénes suponía que podían ser los que dispararon”.

El testigo De Luca también aclaró que “el problema surge cuando los policías que me tomaron la declaración testimonial, oficial Damián Camerini y el principal Héctor Omar Juliá, (los cuales) manifestaron conocer a quienes estaba sindicando como posibles autores del homicidio y refirieron que los mismos se juntaban con “El Negro” Tobar, persona a quien no conocía y no había visto en mi vida”.

“En ese momento firmé el acta de declaración testimonial sin leer la misma, porque me encontraba en medio de una situación de nervios; estaba declarando cuando no había pasado ni una hora de la muerte de un conocido del barrio, de quien toda su familia me reclamaba por su muerte”, agregó De Luca.

El caso podría llegar a escalas aún mayores. Al parecer este testigo además de involucrar a Tobar también sindicó a Cristian Gambini (alias “El Ladrón del FAL”, presunto integrante de la “Tete Banda”) “como posibles autores de la muerte de Iván Couste.

“Accionar ilegal en la investigación y en la obtención de testimonios”

Miguel Tobar fue detenido el 14 de junio de 2019 mientras jugaba al padel. Antes estuvo detenido por la llamada Masacre Policial de la Planta Transmisora, ocurrida en octubre de 2007, pero luego fue desvinculado de la causa.

El planteo de la fiscal Huergo ante el TOC IV fue acompañado incluso por el abogado de la querella, Marcelo Enrique Ponce Núñez, en rol del particular damnificado en representación de la familia de la víctima Couste.

Durante un tramo de la audiencia preliminar al juicio por jurados se estableció que en todas las declaraciones que habían dado algunos testigos –en sede policial- durante la instrucción de la causa era de manera alarmante “un copio y pego”. 

La fiscalía, la querella y la defensa coincidieron al señalar que continuar con este proceso y de llegar a juicio “sería una verdadera pérdida de tiempo y de recursos”, solicitando al tribunal el inmediato sobreseimiento. 

"Este plexo probatorio estaba compuesto de prueba indiciaria, porque no existe ningún elemento de prueba directa -ningún testigo, elemento o rastro- que coloque a Tobar en la escena del crimen. Esta autoría construida en base a indicios poco a poco se fue debilitando a punto de impedirme seguir sosteniendo la misma”, enfatizó la fiscal Huergo. 

“Entiendo que corresponde que se inicie una investigación para poder determinar efectivamente si existió por parte de los funcionarios públicos (el fiscal y los dos jefes policiales) un accionar ilegal en la investigación y en la obtención de testimonios”, remarcó Huergo. La fiscal no descartó que además pudiesen estar otros policías involucrados. 

Además de la fiscalía en turno se remitieron copias de la denuncia a la Fiscalía General de La Plata, a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a la Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a la Suprema Corte bonaerense. 

Un cotejo de ADN lo salvó de otra condena

Miguel Tobar estuvo detenido en esta otra causa junto a Juan Pablo "Papupa" Córdoba, Pablo Alejandro Cepeda, Héctor Fabián Rivero y Edgardo Manuel Zúcaro. Una muestra de ADN involucró a otro sospechoso en el hecho. La fiscalía se había “equivocado” en acusarlos. 

Fue la Cámara la que dispuso dejar en libertad a esos cinco de los detenidos por el triple crimen de los policías bonaerenses, ocurrido el 19 de octubre de 2007 en la planta transmisora de La Plata. 

El giro en la causa se produjo tras dar positiva la pericia realizada sobre otro de los imputados, identificado como Fernando Maciel, hijo de un comisario inspector de la Policía Bonaerense, que no estaba detenido.

La prueba de ADN sobre Maciel coincidió con tres cabellos obtenidos en un proyectil, un colchón y una toalla hallados en la escena del crimen.

Tras conocerse la prueba, cuyo resultado -trascendió- dio positivo en un 99,9 por ciento, los abogados defensores de los cinco detenidos presentaron un hábeas corpus para solicitar la inmediata libertad. 

En la causa quedó detenido el ex policía Marcos Casetti acusado de irrumpir a la planta ubicada en las calles 7 y 630 con la finalidad de robar estupefacientes y equipos de comunicaciones.

Según esa hipótesis, los tres policías que se encontraban de guardia Pedro Díaz, Alejandro Vatalaro y Ricardo Torres Barboza, fueron asesinados al resistirse al ataque.

La liberación de los cinco imputados y el giro en la investigación confirmaron la denuncia hecha por Casetti, quien en un video filmado durante su detención dijo haber cometido el crimen junto a Maciel y Mariano Filippi, hijo también de un agente penitenciario.