Declararon más de 100 testigos. Hay seis personas procesadas por "asociación ilícita y extorsión". La defensa asegura que es una causa armada y denunció espionaje ilegal de la policía. La fiscalía podría pedir hasta 20 años de cárcel.
Región 04 de diciembre de 2023
Tras numerosas audiencias de debate en la que dieron testimonio más de 100 testigos, hoy se realizarán en el fuero penal de 8 y 56 los alegatos de la fiscalía y las defensas en el juicio oral y público que se le sigue a seis personas acusadas de extorsionar a feriantes del Parque Saavedra de nuestra ciudad.
El fiscal de juicio Juan Caniggia intentará establecer en su alegato que los acusados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria ubicada en el Parque Saavedra, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos. Por la calificación del caso, el fiscal podría pedir entre 8 y 20 años de prisión.
Durante el debate la mayoría de los testigos declararon que el pago era por un servicio de armado y desmontaje de los puestos de venta y por el alquiler de los baños químicos entre otros conceptos para el mantenimiento y funcionamiento de la feria.
La lista de acusados la integran Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge, Claudia Monti (la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez), el fletero Jorge Fierro y el albañil Roberto Martínez.
La causa arribó a esta instancia de debate oral luego de una investigación impulsada por la fiscal Virginia Bravo y el juez de garantías Pablo Raele. La denuncia fue radicada por funcionarios de la Municipalidad de La Plata y se fundamentó en los reclamos de los propios feriantes.
En la investigación preliminar, la fiscal Bravo acreditó que los imputados obligaban a los aspirantes "a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes".
Para consumar esas amenazas, se valían "de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho".
En contrapunto, la defensa plantea que durante el año 2017 Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria de forma precaria, pero legal. En un inicio, el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más.
En esa línea, la defensa asegura que ya en el año 2018 el crecimiento de la feria fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización.
Durante el debate, la defensa procuró demostrar que, para la organización de la feria, se había constituido una asociación civil denominada “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil".
Esa organización contactó a una contadora para que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social, de acuerdo a una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de La Plata.
Y también se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco.
Los alegatos serán pronunciados ante el juez Emir Caputo Tártara, del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata.
Sus defensores son Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao y Federico Ravina.
Para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
Nueve policías federales de La Plata denunciados por espionaje y torturas
Durante el juicio oral fue radicada una denuncia penal por presunto espionaje ilegal y torturas a exferiantes del Parque Saavedra de La Plata que apunta a nueve efectivos que en 2018 integraban la delegación La Plata de la Policía Federal Argentina (PFA)
La presentación fue formulada ante el juez federal Ernesto Kreplak luego de que en el contexto del juicio emergieron indicios de actividades ilegales por parte del personal policial y de posibles casos de torturas a dos de las mujeres que son juzgadas.
Los policías denunciados son Leonel Julita; Walter Agustín Bertuzzi; Miguel Cuniccella; Sergio Agüero; Luciano Paredes; Lucas Delgado; Nicolás Andrés Charras; Lorena Paola Giulianoy y Diego Campana.
En la denuncia radicada por los letrados Solange Barnetche Alonso e Ignacio Fernández Camillo se señaló que “las tareas de inteligencia que se realizaron sin siquiera orden judicial, se extendieron por un prolongado lapso temporal, desde el día 25 de octubre de 2018 al 4 de diciembre de ese mismo año, incluyendo la compulsa de diversos sistemas informáticos, algunos específicamente vedado para su utilización sin orden que lo requiera específicamente, agentes encubiertos, seguimiento de personas, y un sin número de vulneraciones de derechos y garantías constitucionales; sin hallar en esencia nada sustancial, pero dando pie con creativos cuadros e imaginativas fotografías con referencias a los allanamientos y detenciones”.
En otro tramo de la denuncia se hace referencia a las torturas que sufrieron Claudia Elizabeth Monti y Alicia Alejandra Lauge, cuando estuvieron alojadas en la Delegación de La Plata de la Policía Federal.
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