Casación redujo condena por millonaria malversación en Astillero Río Santiago

En polémico fallo, el alto tribunal penal bonaerense benefició al ex funcionario Andrés Omar Ombrosi, quien había sido sentenciado como “partícipe primario” de peculado. Ahora dicen que es apenas “partícipe secundario”.

Política 15 de diciembre de 2023
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En una controvertida resolución, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia atenuó la condena que pesa sobre el exfuncionario bonaerense Andrés Omar Ombrosi y que fuera dictada por un tribunal oral de La Plata a cuatro años de prisión como “partícipe primario” del delito de peculado. En rigor, fue hallado culpable de haberse apoderado de unos 4 millones de dólares del Astillero Río Santiago (ARS).

 Fuentes judiciales informaron ayer que la Sala II de la Casación consideró a Ombrosi como “partícipe secundario” y dispuso que se adecue la sentencia a esa calificación, con una pena mucho más leve. 

 Ombrosi fue sentenciado en octubre de 2022 como partícipe primario de "peculado" y condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de la función pública. 

 Aquel fallo estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal I de La Plata que hizo lugar al requerimiento de los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo, pedido que fue acompañado además por la Fiscalía de Estado bonaerense. 

 Los fiscales establecieron que Ombrosi participó de la maniobra que les permitió a exfuncionarios del Astillero Río Santiago apoderarse ilegalmente de unos 4 millones de dólares entre 2012 y 2013. 

 En la causa penal hubo otros imputados que fueron aceptando su responsabilidad y su situación se resolvió mediante la modalidad de juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal III. 

 Para los fiscales Paolini y Huergo, Ombrosi “aportó información con la que se redactaron 10 contrataciones de personal superior de Astillero”, aunque el acusado solo reconoció cinco hechos y reiteró que nunca supo cuál era el fin con el que se le pidió esa documentación.

 Tras la condena de primera instancia, la defensa apeló ante la Casación. Pretendía la absolución del exfuncionario. Pero ayer obtuvo una nueva calificación, que derivará, de igual manera, en un encuadre muchísimo más leve y por lo tanto excarcelable. 

Ese dictamen de la Casación, fue rubricado por los jueces de la Sala II, Fernando Luis María Mancini y Carlos Ángel Natiello. 

 Ahora, los jueces del Tribunal Oral Criminal I de La Plata tendrán que dictar una nueva sentencia. 

 Ombrosi fue el único imputado que se sentó en el banquillo de los acusados durante el juicio que se ventiló en 2022. Fue Jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires durante el segundo mandato del gobernador Daniel Scioli. 

El resto de los acusados -Héctor Scavuzzo, Roberto Fiocca, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio- reconocieron su responsabilidad en el marco de juicios abreviados. 

Lo llamativo de ese voluminoso expediente es que la causa sigue en “trámite” para otro de los implicados: el exministro Cristian Breitenstein –y exintendente de la ciudad de Bahía Blanca-, quien en la actualidad reside en Alemania. 

El monto total de la malversación o peculado asciende a los 16 millones de pesos. Se habría concretado a través de la realización de contratos como personal jerárquico del Astillero con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana. 

 Los fondos eran desviados todos los meses en camiones de caudales y se ensobraban en una oficina del Astillero. 

La causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astillero Río Santiago. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa denuncia fue la punta del iceberg que permitió develar la fraudulenta maniobra.

 

La fiscalía detectó entonces que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de "indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde". 

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