
La Provincia de Buenos Aires fortalece su compromiso con la soberanía sobre Malvinas articulando con otras jurisdicciones una estrategia educativa que rescata memoria, identidad y defensa del territorio.
La histórica seccional bonaerense de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) atraviesa una fuerte crisis interna.
Política 25 de junio de 2025Fabiola Mosquera, secretaria general de UPCNBA.
A casi cinco años del fallecimiento de su emblemático líder Carlos Quintana —quien condujo con diálogo y capacidad a una organización que supo superar los 80 mil afiliados—, hoy se señala una profunda decadencia en la conducción actual, con poco más de 57 mil afiliados, conflictos gremiales irresueltos y una gestión salpicada por denuncias de acomodos, silencios cómplices y manejos personales.
Bajo el lema “UPCN es mi nombre”, la actual secretaria general, Fabiola Mosquera, enfrenta fuertes cuestionamientos por su falta de logros gremiales, su escasa participación en negociaciones paritarias y el sostenimiento de una “mesa chica” privilegiada que parece más interesada en mantener cargos estatales que en defender los derechos de los trabajadores estatales.
Entre las dirigentes señaladas aparece Mariela Rodríguez, secretaria administrativa de la organización y esposa del actual tesorero y referente de la CGT, Nieves. Rodríguez sería denunciada por una serie de irregularidades: manejar internamente recursos del gremio, cobrar un sueldo como empleada del Registro de las Personas —con un expediente administrativo en su contra—, y percibir ingresos por cargos docentes en los CFL de la Dirección General de Escuelas por cifras que alcanzarían el millón de pesos mensuales, sin concurrencia laboral.
También fue apuntada Silvina Di Yorio, exreferente de IOMA, hoy designada como directora de Accesibilidad del Transporte, quien habría construido una carrera basada en su “lealtad cambiante”, antes con Quintana, hoy con Mosquera. Según fuentes internas, Di Yorio también sería empleada “fantasma” en distintas dependencias, y sus bienes superarían los 14 millones de pesos, incompatibles con sus cargos públicos.
La situación ha generado malestar entre afiliados y delegados de base que denuncian prácticas autoritarias: persecuciones internas, despidos de quienes disienten y una gestión que impide el libre ejercicio de la representación gremial. “El estilo de conducción se parece más al de Milei que a un sindicato democrático. Castigan al que piensa distinto y protegen a los propios ñoquis”, afirman voces críticas dentro de la propia UPCNBA.
La decadencia sindical no solo es numérica. La pérdida de poder de representación, el vaciamiento del espíritu gremial y el uso de los cargos como herramientas personales hacen temer un futuro aún más sombrío para una seccional que supo ser ejemplo de organización y lucha, y que hoy muchos consideran “usurpada por una banda de privilegiados que viven del Estado, del gremio y del descuento de los afiliados”.
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