Se trata de Facundo Agustín Auge Pacheco, quien es sobrino de José Luis "el Hornero" Auge, uno de los involucrados en la violenta muerte del fotógrafo, hecho ocurrido en una cava de General Madariaga.
Región 08 de febrero de 2024
Ayer se produjeron un par de hechos que generaron giros inesperados en el marco de la investigación tras la vandalización del sistema biométrico para el control de ingreso y egreso del personal que trabaja en la Delegación de Los Hornos ocurrida hace una semana.
Como se sabe, en un principio de la investigación hubo un detenido identificado como Gerardo Javier Currenti, quien se desempeña como empleado municipal.
Ayer, la DDI de La Plata arrestó a Jonatan Mauricio Machado y Dardo Iván Fernández, quienes habrían acompañado a Currenti. El primero de los mencionados está registrado como empleado municipal; y aparentemente Fernández no figura como empleado en blanco.
Las casas de ambos sospechosos fueron allanadas, en la zona de Los Hornos, en donde se incautaron ropa y vehículos. Los arrestos fueron aprobados por Agustín Crispo, juez del caso.
La novedad conocida ayer es que el único prófugo que sigue siendo intensamente buscado, de 20 años, es familiar de uno de los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, crimen cometido el 25 de enero de 1997.
De acuerdo a lo indicado por voceros de la investigación, se trata de Facundo Agustín Auge Pacheco, quien es sobrino de José Luis "el Hornero" Auge, uno de los involucrados en la violenta muerte del fotógrafo, hecho ocurrido en una cava de General Madariaga.
Destrucción y amenazas
Como se sabe, los tres hombres detenidos están acusados de haber destruido el nuevo sistema biométrico de la dependencia comunal e intimidar a la empleada administrativa que se encontraba en el lugar.
Los responsables quedaron expuestos en las cámaras de seguridad, que mostraron con claridad el momento exacto en el que un grupo de cuatro hombres ingresa a la Delegación y, ante la atónita mirada de la empleada, que nada pudo hacer para detenerlos ante la actitud violenta de los sujetos, avanza sobre el aparato.
Uno de ellos destruyó con un martillo el dispositivo que había instalado recientemente la gestión del intendente Julio Alak para controlar el presentismo y fortalecer la transparencia institucional.
Ante la gravedad del caso, la Municipalidad de La Plata realizó la denuncia penal no solo por daños al patrimonio público municipal, sino también los de amenaza coactiva, intimidación pública y atentado contra la autoridad.
Para la Comuna, los hechos evidencian “una clara intencionalidad de infundir un temor público” y se llevaron a cabo “claramente con un fin coactivo de amenaza e intimidación”.
Cabe destacar que estos dispositivos de control de ingreso y egreso del personal fueron desarrollados en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata.
“Modernizamos el sistema de ingreso y egreso a las dependencias municipales para que sea con la huella dactilar de los empleados. Un avance para lograr un municipio transparente, ordenado y eficaz”, señalaron en su momento en el municipio.
El mecanismo se implementó con el objetivo de reordenar la administración actual, que apenas asumió denunció que la gestión anterior le traspasó un crecimiento desmedido de la planta de personal, que supera los 12.000. Alak sostuvo al asumir en diciembre de 2023 que cuando dejó el municipio en 2007 (el cual gobernó ininterrumpidamente desde 1991), la cantidad de empleados era de 4.000.
La primera detención
La actuación tuvo lugar el último jueves 1 de febrero por la noche, a partir de la denuncia penal que el Municipio efectuó el mismo día ante la Justicia.
Cabe recordar que el acto vandálico que desencadenó la aprehensión por “daño al patrimonio público” tuvo lugar alrededor de las 7:30 de ese día en la Delegación ubicada en 137 y 64 y quedó registrado en las cámaras de seguridad del organismo.
En las imágenes se ve el momento exacto en el cual cuatro hombres ingresan al lugar y uno de ellos destruye con un martillo el dispositivo que había instalado recientemente la administración comunal.
El fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, acusó a Currenti del delito de coacción agravada, que penaliza a quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. En idéntica situación están quienes fueron detenidos ayer.
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