El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó este jueves un proyecto de declaración para declarar nulo “de nulidad absoluta e insanable” el decreto de necesidad y urgencia 656/24 que le otorga 100 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE).
En la redacción explicaron el pedido nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto leva la rúbrica de los seis integrantes de la bancada, la del jefe de bloque, Juan Manuel López, y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.
El propio Ferraro publicó el texto en su perfil de X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”.
A su vez, exigió: “Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”.
Mencionó, además, a “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, como los casos más resonantes encuadrados en las acusaciones que realizó en la publicación.
De la misma manera, la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, presentó otro texto para derogar el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional dispone la asignación adicional al Presupuesto General de la Administración Nacional de la suma de 100 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado.
La titular del GEN había anticipado en su red social la presentación de dicha iniciativa en la que apunta contra el Gobierno de Javier Milei que tiene “la pretensión personal de imponer una personalidad avasallante y extralimitada en el ejercicio del poder”.
Stolbizer alertó que “estamos frente a una degradación altamente preocupante del funcionamiento de las instituciones”, y sumó: “El abuso en el dictado de normas que se encuentran prohibidas o cuyo uso debería ser absolutamente extraordinario, instalan la idea de un estado de excepción convalidado a sola firma del Presidente de la Nación”.
También, citó el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que advierte: “Cabe señalar que el dictado de este Decreto de Necesidad y Urgencia (que tiene fuerza de ley) tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.
Unión por la Patria, el Frente de Izquierda e incluso un radical en el Senado, Pablo Blanco, quien exigió una convocatoria “urgente” por parte de la Comisión Bicameral Permanente de trámite Legislativo, también habían rechazado la medida.
