La Justicia Federal allanó ayer distintas oficinas de la Municipalidad de La Plata de manera intempestiva y provocando gran revuelo entre los trabajadores y personas que en ese momento transitaban el Palacio comunal. Por disposición judicial, un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) irrumpió en el céntrico edificio de calle 12 entre 51 y 53 en el marco de una causa penal que investiga el presunto manejo irregular de las cooperativas de trabajo durante la gestión del ex intendente Julio Garro.
El procedimiento fue dispuesto por el titular del juzgado federal N° 3 de La Plata y comenzó a primera hora de la mañana del jueves. La orden de allanamiento a la que tuvo acceso Capital 24 disponía recabar información sobre varias cooperativas de trabajo que prestaron servicios para el Municipio en 2017.
La información fue confirmada además por un comunicado oficial de la Comuna platense, puntualizando que el allanamiento incluyó tareas en las áreas de Tesorería y Contabilidad del Municipio.
En el expediente, el ex intendente Garro ya presentó abogados defensores particulares. Se trata de los letrados Fabián Améndola y Fernando Burlando. En tribunales indicaron que la defensa podría presentar en las próximas horas un pedido de exención de prisión para evitar que el ex jefe comunal sea arrestado con el avance de la investigación.
En esos ámbitos fue incautada diversa documentación, entre carpetas, archivos y biblioratos que serán sometidos ahora a una pericia administrativo contable, según precisaron las fuentes.
En el allanamiento, el juez federal Ernesto Kreplak, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, requirió documentación vinculada a “contratos suscriptos en el periodo 2017-2018 entre el Municipio y las cooperativas”.
Desde la Comuna, se informó que el listado de cooperativas que ahora son investigadas por la justicia “no han mantenido vínculo contractual con la presente administración municipal”.
En su gacetilla de prensa, la municipalidad aclaró que en todo momento tuvo "disposición para colaborar con la causa federal y seguir todos los pasos necesarios para su resolución".
Los investigadores judiciales consignaron que además de la documentación secuestrada hubo otros constancias que no fueron halladas y por ello se emplazó a las autoridades de la municipalidad, focalizada el área legal de la Comuna, para que en un plazo máximo de 24 horas acerque de manera personal todos los expedientes, constancias y certificaciones que no fueron halladas durante el operativo policial.
En ese mandato, los agentes federales destacaron el carácter de “urgencia” del requerimiento y la imperiosa necesidad de contar cuanto antes con la evidencia solicitada durante el allanamiento.
Por su parte, voceros de la Municipalidad explicaron que no se recibió comunicación previa sobre este procedimiento. Y en ese sentido, aclararon en su información de prensa que, de haber existido ese aviso previo, la documentación requerida se habría presentado mediante los canales habituales, como ocurre en este tipo de instancias.
Es que es la justicia provincial o penal de La Plata, con sede en 8 entre 56 y 57 la que suele alertar de los procedimientos, a través del Colegio de Abogados o notificando sobre la realización de “registros”, utilizando así eufemismos para concretar operativos de similar tenor a los allanamientos pero con nombres edulcorados que atenúen lo que en la jerga tribunalicia se denomina el “strépitus fori” o escándalo jurídico.
En tanto, desde el fuero federal no se fijan en esos detalles. Prefieren no alertar de sus operativos para asegurar la eficacia del resultado.
A raíz del procedimiento judicial, el propio intendente Julio Alak manifestó ayer que “es sobre el manejo de una cooperativa en la gestión de Garro y que aparentemente hay una denuncia con el manejo de fondos”.
Durante un incremento y mejora salarial que la actual gestión otorgó a las cooperativas este año, Alak sostuvo entonces que “hay un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”. El intendente se refirió así a los hechos que se tradujeron en una denuncia penal por posible “fraude en perjuicio de la administración pública”, por “malversación de caudales públicos”, e incluyó abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Qué dijeron en el Municipio
Una vez producido el allanamiento en el Palacio Municipal, desde la administración Alak se emitió un comunicado para aclarar la situación.
Luego de una serie de consideraciones formales y dejar sentado que todo se debía a una causa penal por la que la Justicia solicitó información sobre contrataciones efectuadas por la gestión anterior, destacaron que “reafirma su disposición para colaborar con la causa federal y seguir todos los pasos necesarios para su resolución”.
“La información solicitada con urgencia por las autoridades policiales en las próximas 24 horas, será recopilada para su inmediata entrega a la Justicia”, precisaron.
Al respecto, dejaron en claro que “no se recibió comunicación previa sobre este procedimiento”, y que “de haber existido, la documentación requerida se habría presentado mediante los canales habituales, como ocurre en este tipo de instancias”.
Cooperativas municipales: una modalidad de vieja data
Vale recordar que la modalidad de cooperativa para contratar personal que trabaje para la Comuna comenzó en la administración del intendente justicialista Pablo Bruera (2007-2015) y desde aquel momento siempre estuvo sospechada de irregularidades.
Además de la posible corrupción, también fue denunciada en reiteradas oportunidades la precariedad laboral de los trabajadores, cuyos sueldos están por debajo de sus pares municipales y no cuentan con obra social ni con jubilación.
En ese marco, en 2021, el entonces intendente Julio Garro erradicó casi por completo el sistema pero con un alto costo: pasó a la gran mayoría de los cooperativistas a la Planta Temporaria del Municipio. No obstante, según denuncian desde el Pro y un sector de trabajadores autoconvocados, Julio Alak volvió a implementar dicha medida en la actualidad.
Y en los últimos meses, en el marco de la erradicación de la venta ilegal en las veredas de la zona céntrica de la ciudad, entre las alternativas que les daban a los vendedores ambulantes estaba el de convertirse en cooperativistas.
