Olor a cala en UATRE: crecen los rumores de intervención tras una auditoría en OSPRERA

La crisis en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), escaló  en los últimos meses tras la intervención del Gobierno nacional en la obra social del  gremio, OSPRERA, que pone en jaque el poder de José Voytenco, alcanzando una caja  de más de 700.000 aportantes. La situación del sindicalista se complica y, cada vez más  acorralado, comienzan a tomar fuerza las versiones de intervención del gremio.

Desde la asunción de Voytenco al frente de UATRE, la disputa por las cajas incluyó  enfrentamiento con líneas internas del sindicato, desplazadas por su actual secretario  general, el cierre de delegaciones “opositoras”, así como la intromisión de la justicia y el  gobierno nacional a través de la intervención de su obra social.

Voytenco recuperó formalmente el control de OSPRERA en julio del año pasado, tras 15  meses de intervención judicial y logró imponer un directorio con mandato establecido, pero la obra social volvió a ser intervenida en noviembre de 2024, luego de  que no pudo justificar el balance deficitario de su gestión. Fuentes internas del gremio  advierten que la anterior intervención, dictada por un juez de La Pampa, estaba integrada  por presuntos testaferros vinculados al empresario Jorge Giani (cuyo hijo Lucas Giani figura como apoderado de un “Fideicomiso del trabajador agrario” del gremio), Julio  Comparada, y Voytenco, todos integrantes de la empresa de seguros “El Surco”,  vinculada, a su vez, la compra de establecimientos de UATRE. La firma tiene un acuerdo  con el gremio que incluye el pago de $400 millones de pesos mensuales por el servicio de  sepelios de los trabajadores afiliados a la organización sindical.

El pasado viernes, el interventor de la obra social, Marcelo Petroni, presentó un informe  que dio cuenta de una deuda de $97.899 millones de pesos al 31 de octubre de 2024, y  un déficit mensual que alcanza los $4.200 millones. Además se detectaron posibles  fraudes y administración fraudulenta que llevaron a la obra social a una “grave crisis  financiera y estructural”. Anteriormente, Petroni había presentado un primer informe que  daba cuenta de un desfalco de casi $50.000 millones de pesos, que se duplicó en el  segundo informe. En concreto la deuda presenta un valor superior al 94% respecto al primer informe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

Voytenco afronta una investigación por presuntas irregularidades financieras, desvío de  fondos sindicales y lavado de activos, que lleva adelante el Juez Federal de Lomas de  Zamora, Federico Villena, a partir de una denuncia del ex titular de UATRE-La Plata,  Marcelo Andrada.

El titular del gremio intentó frenar la intervención mediante distintos mecanismos, primero  intentó impugnar la designación de Petroni, advirtiendo que el juez que dispuso la  intervención fue desplazado por incompetencia, al tiempo de dictar la medida. Ahora,  Voytenco denunció una “cacería política” del Gobierno nacional contra UATRE y anunció que  denunciará al director nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, al secretario  de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, al diputado nacional por La Libertad Avanza,  Pablo Ansaloni, al ex secretario general de la seccional La Plata de UATRE, Marcelo  Andrada, y a la ex tesorera seccional de UATRE en La Plata, Aixa Petriati por “llevar  adelante un plan criminal coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la  organización sindical”, subrayó en un comunicado de prensa difundido esta semana antes  de la presentación del informe.

Otra de las defensas que intentó Voytenco ante el avance sobre el gremio en los últimos  meses fue promover las denuncias por falta de prestaciones y medicamentos de la obra  social contra los afiliados del sindicato, y resaltó la judicialización de una veintena de  casos, de los cuales algunos llegaron a instancias penales. Lo llamativo es que los casos  presentados no alcanzan a los 16.410 reclamos presentados entre 2022 y 2023 cuando el sucesor de Gerónimo “Momo” Venegas y Ramón Ayala manejaba la obra social.

A todo esto debe sumarse como agravante de la situación que, durante el gobierno de  Alberto Fernández, la SSS otorgó en octubre de 2023 $3.350 millones de pesos,  equivalentes a 9,5 millones de dólares en ese entonces, en concepto de ayuda financiera.  Pero la crisis financiera se acrecentó desde entonces. A su vez, a días de su salida de la  gestión pública, el gobierno de Fernández aprobó la rendición de cuentas del gremio,  pese a que no figura en la SSS la documentación pertinente.

El gremialista se encuentra acorralado. En los últimos días también se conoció un audio  del adjunto de UATRE; Pedro Peger, que da cuenta de que Voytenco, en coordinación con  sus socios de “El Surco”, habría pedido un “retorno” del 4% a la Asociación de Semilleros  de la Argentina, en el marco de la negociación por un aporte extraordinario a favor de  UATRE del 2,5% para capacitaciones, y del 1,5% para el seguro de retiro. Sin embargo,  como el acuerdo no fue homologado por la secretaría de Trabajo, no se encuentra  vigente.

Con el escenario “en llamas” y el olor a cala inundando UATRE, Voytenco busca legitimar  su conducción mediante las elecciones de las delegaciones regionales en distintas  provincias, como Misiones, Corrientes y Chaco, y Tucumán, donde el gremialista logró  una “victoria contundente” pese a que hay denuncias previas que dan cuenta de que no  se dejó participar a las listas opositoras, desplazadas de las delegaciones hace tiempo.