Docentes y no docentes de todas las universidades nacionales públicas del país comenzaron este lunes un paro por 48 horas para exigir aumento salarial y mayor financiamiento para las casas de estudio. Voces desde el noroeste del GBA.
Actualidad 18 de marzo de 2025
Por Rodrigo Lescano
La medida de fuerza fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, agrupamiento de los principales gremios del sector, luego de que el gobierno nacional ofreciera unilateralmente subas salariales de 1,5% para enero y 1,2% para febrero. Son cifras inferiores a la inflación de esos meses, la cual alcanzó el 2,2% y 2,4%, respectivamente.
Ary Piovaroli, secretario gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNPAZ (ADIUNPAZ), sostuvo en diálogo con Grupo Media 3 que las paritarias “no solo están retrasadas, sino que además son definidas por el gobierno nacional por decreto”, y que los salarios docentes “no han podido empatar ni recuperar la inflación”.
Para ilustrar esta situación, el Observatorio del Salario de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNGS (ADIUNGS) demostró, a partir de datos del INDEC, que la pérdida del poder adquisitivo de los educadores alcanzó el 34% durante 2024. En su estudio sobre la relación entre la inflación acumulada y la variación salarial en el período comprendido entre diciembre de 2023 y enero de 2025, la inflación fue del 179,2%, mientras que el aumento salarial llegó al 99,8%. Esta diferencia implica 4,7 salarios perdidos durante los 14 meses.
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Este ajuste lleva, según palabras del gremio mencionado anteriormente, a los “salarios más bajos en 40 años de democracia”. Un docente con un cargo simple -que recién se inicia y debe dictar 6 horas de clase por semana- está cobrando 200.000 pesos. Los trabajadores señalan al Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por Alejandro Álvarez, por la falta de diálogo y el rechazo del ámbito paritario como espacio de negociación salarial y laboral.
Sin fondos
Lejos de ser un reclamo corporativo, los sindicatos del personal universitario son conscientes de que su lucha también es contra el desfinanciamiento educativo. “La convalidación de la prórroga por segundo año consecutivo del presupuesto 2023 pone en una situación crítica a las universidades. El gobierno nacional no está girando los fondos, ni siquiera para pagar los servicios básicos. Estamos en un plan de lucha para recuperar y adecuar el presupuesto necesario para el correcto funcionamiento de la universidad ”, denunció Piovaroli.
Ante este escenario, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y, con ello, la vida universitaria se deteriora y peligra su normal funcionamiento. En una carta leída a los estudiantes, los docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) remarcaron que “en enero la UNGS recibió 40% menos que en diciembre de 2023” y que se recortaron los fondos que se usan “para pagar la luz, para arreglar las computadoras, comprar nuevas, para otorgar becas de ayuda económica y becas académicas y también para comprar papel higiénico o cortar el pasto”.
Por su parte, en la Universidad Nacional de José C. Paz, el gremio docente denunció que la crisis se tradujo “en obras fundamentales que se vieron paralizadas, nuevas carreras aprobadas que no pudieron implementarse, proyectos de investigación desfinanciados, desarrollo tecnológico que se vio interrumpido y condiciones desfavorables para el sostenimiento de las trayectorias académicas”.
“El problema de los salarios es fundamental porque constituye el 90 por ciento del presupuesto universitario. Por eso no es suficiente que la universidad pueda pagar la boleta de luz, quienes trabajamos aquí también debemos hacerlo. Sin docentes y no docentes no hay universidad, y sin universidad no hay futuro. Queremos trabajar, enseñar e investigar acá, pero el ahogamiento a todo el sistema de ciencia y técnica fuerza a muchos de los mejores investigadores y docentes a buscar otros destinos. Y eso que está pasando no es un error ni una consecuencia no deseada, es uno de los objetivos de este gobierno”, resaltó la carta de los profesores de la UNGS.
Un derecho, no una mercancía
Las organizaciones sindicales de estas dos universidades del noroeste del Gran Buenos Aires comentaron que el ajuste presupuestario tiende a la privatización del derecho a la educación pública. “Es una receta que ya la vimos en los 90. Es la idea de que las estructuras públicas, una vez que son desfinanciadas, se hace complicado sostenerlas y termina llevando a un mal servicio que permite privatizarlas”, agregó el referente de ADIUNPAZ.
“Para nosotros la universidad pública, gratuita y de excelente calidad es un derecho, eso quiere decir que no puede ser una mercancía, que estudiar una carrera no puede depender de si tenés o no dinero y, como es un derecho, debe garantizarlo el Estado a través de los impuestos que recauda”, expresó ADIUNGS en su carta dirigida a la comunidad.
La lucha de los profesores y personal administrativo de las universidades seguirá luego del paro de este martes. Realizarán jornadas de visibilización en plazas y lugares de estudio, y participarán de la movilización en Congreso en apoyo a los jubilados. “Si no hay convocatoria del gobierno para las paritarias, se evaluarán nuevas acciones”, finalizó Piovaroli.
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La Canasta Básica Total (CBT) subió 2,3%, por lo que se aceleró con relación a enero, cuando había registrado una suba de solo 0,9%.
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