Crisis habitacional en La Plata y en Argentina

Por: Gabriela Vidal

La Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas (API) ha puesto de manifiesto esta problemática, advirtiendo sobre las condiciones cada vez más adversas tanto en La Plata como en el país. Según el Censo 2022 y datos propios de la API, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado: en La Plata, el 27% de la población alquila, pero en el casco histórico esta cifra se eleva al 46,7%, reflejando una dependencia crítica del mercado de alquileres. Este panorama tiene lugar en un contexto donde los salarios se han mostrado insuficientes para cubrir siquiera las necesidades básicas, una realidad que afecta profundamente la calidad de vida de miles de familias.
Diego Fernández Camillo, presidente de API, subrayó que la situación es cada vez más desesperante, con inquilinos que no logran cumplir con el pago de las cuotas mensuales, lo que a menudo deriva en la finalización temprana de los contratos de alquiler. Según los datos recopilados por API y otras asociaciones, los alquileres aumentaron un 263% en 2024, un incremento alarmante si se lo compara con la inflación oficial del 117,8% registrada por el INDEC. Este desbalance pone de manifiesto la incapacidad de los hogares de sostener sus gastos básicos y refleja una relación cada vez más preocupante entre el salario y el costo del alquiler. Diversos estudios han señalado que, en promedio, las familias destinan entre el 30% y el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler, con un impacto aún más severo en los sectores más vulnerables.

Uno de los factores clave que agravan esta crisis es el alto nivel de informalidad en el mercado inmobiliario. Muchos inquilinos optan por el mercado informal ante los elevados costos y las exigencias excluyentes del mercado formal, como ingresos que tripliquen el valor del alquiler o garantes propietarios. Sin embargo, esta informalidad no soluciona el problema, ya que los precios suelen ser igualmente elevados y las condiciones de estabilidad y seguridad prácticamente inexistentes. Por otro lado, la proliferación de plataformas digitales como Airbnb ha reducido notablemente la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente, desplazando aún más a las familias que buscan techo en zonas urbanas. Desde 2016 a 2019, la oferta de propiedades en Airbnb en CABA creció un 173%, generando ingresos hasta cuatro veces mayores para los propietarios en comparación con los alquileres tradicionales, una tendencia que ha contribuido al aumento de precios y a una menor disponibilidad de viviendas en el mercado convencional.
Los adultos mayores emergen como uno de los grupos más afectados. Con ingresos reducidos, que en muchos casos no alcanzan a cubrir las demandas de alquiler, y con dificultades para cumplir los requisitos del mercado inmobiliario, este sector enfrenta una exclusión que los deja en situaciones de alta vulnerabilidad. Muchos recurren a pensiones o deben mudarse con familiares, perdiendo la autonomía que caracteriza a esta etapa de la vida. Asimismo, más del 65% de los hogares inquilinos se endeudaron durante la pandemia para afrontar gastos cotidianos, y esta situación persiste, en especial en zonas más vulnerables como el Conurbano sur y entre familias numerosas.

La derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023 ha sido otro golpe significativo para los inquilinos. Según Fernández Camillo, esta medida desreguló el mercado, permitiendo que los propietarios incrementen los precios sin restricciones. Esto ha generado un efecto devastador en los inquilinos, quienes no solo enfrentan serias dificultades para mantener sus contratos, sino que además encuentran casi imposible reunir el dinero necesario para ingresar a una nueva vivienda, debido a los altos costos iniciales que exigen las inmobiliarias. Fernández Camillo describió el panorama actual como "inquietante y desesperante" y señaló que muchos contratos se terminan antes de tiempo porque los inquilinos no logran cubrir las cuotas. Este fenómeno no solo perjudica a las familias, sino que también habilita a los propietarios a establecer nuevos precios de mercado, generando un círculo vicioso de exclusión económica.

En este contexto, la Asociación Platense de Inquilinos y otras organizaciones sociales hacen un llamado urgente a la implementación de políticas públicas que enfrenten esta crisis de manera estructural. Entre las demandas destacan la necesidad de regular el mercado de alquileres, garantizar una mayor oferta de viviendas y promover el acceso a la vivienda como un derecho social fundamental. Además, insisten en la importancia de recopilar y analizar datos confiables a nivel federal para entender el impacto real de esta problemática y proponer soluciones que consideren las diversas realidades y dinámicas territoriales del país.