El defensor adjunto general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Luis María Ferella, aseguró en relación a la campaña electoral que ya está en marcha de cara a las elecciones generales del 7 de septiembre que “los candidatos deben presentar su declaración jurada patrimonial, incluso si ya la presentaron en otro ámbito pero no es pública”.
Región24 de julio de 2025
Efectivamente, y en el marco del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, Ferella recordó la vigencia de la Ley 15.000 y la obligación de los candidatos oficializados a cargos electivos de presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral”.
Asimismo, el funcionario bonaerense oriundo de la vecina ciudad de Ensenada destacó el rol de la Junta Electoral bonaerense como “autoridad responsable de exigir, publicar y garantizar el acceso ciudadano a esta información clave”.
Al respecto, Ferella -quien además fue titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal- explicó que la Ley 15.000 “es muy clara”.
“En su artículo 4°, dispone que todos los candidatos oficializados a cargos públicos electivos en la Provincia de Buenos Aires deben presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral”, detalló.
Seguidamente, el defensor adjunto sostuvo que esta “es una herramienta fundamental para que la ciudadanía pueda conocer la situación patrimonial de quienes aspiran a representarla”.
Excepciones
“La norma establece una excepción para aquellos funcionarios que ya hayan presentado su declaración jurada en otro ámbito”, recordó Ferella.
A su vez, el funcionario destacó que, “sin embargo, si esa declaración no es pública ni accesible, se pierde el sentido de la ley. El espíritu del legislador fue que el votante pueda conocer esa información antes de emitir su voto”.
“Por eso, lo correcto, lo ético y lo coherente con ese espíritu es que, aunque la ley los exceptúe formalmente, los candidatos cuya declaración patrimonial anterior no sea visible, deberían volver a presentarla en esta instancia electoral. No alcanza con que exista si la ciudadanía no puede verla”, manifestó.
Además, Ferella remarcó que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad encargada de exigir la presentación, recibir las declaraciones juradas, publicarlas y garantizar que estén disponibles en tiempo y forma, con la suficiente antelación para que los ciudadanos accedan a esa información antes de las elecciones.
“La transparencia patrimonial no es una formalidad administrativa: es un derecho de la ciudadanía. Y en un contexto social que exige integridad y ejemplaridad a la dirigencia, este cumplimiento debe ser claro, concreto y sin rodeos”, concluyó Ferella.
El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, la Secretaria General del Municipio, Aldana Scillama, y la Decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ, Fernanda Vázquez, anunciaron la puesta en marcha el Consejo de Seguridad y Justicia local.
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Este fin de semana continúan las actividades y los festivales en el marco de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante que se lleva a cabo en la vecina ciudad de Berisso, específicamente en la Carpa de las Colectividades ubicada en Avenida Montevideo entre 10 y 11.
Tal como informamos en la edición del miércoles, ayer se llevó a cabo una nueva sesión especial del Concejo Deliberante. De entre las tantas menciones y reconocimientos propuestos, como ser personalidades destacadas o actividades de interés social, se destacó el trabajo realizado por estudiantes del Taller de Realización de Proyectos Gráficos de la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Representantes de instituciones médicas y transportistas que trabajan con personas con discapacidad y prestan servicios para la obra social reclamaron frente a la sede central de 46 entre 12 y 13. Luego fueron a la Casa de Gobierno bonaerense. “No nos quieren pagar”, denunciaron.
Ayer, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) denunció que mientras se llevaba a cabo una protesta en la sede que dicho organismo nacional posee en nuestra ciudad -específicamente en Avenida 7 entre 35 y 36- se acercó al lugar un grupo de personas ajenas al reclamo para intimidarlos.
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