Avalan la elevación a juicio de la causa “Chocolate” por millonaria estafa en la Legislatura

El Tribunal en lo Criminal Oral (TOC) IV de La Plata confirmó la elevación a juicio oral del expediente que investigó el millonario desvío de fondos en la Cámara de Diputados bonarense. Solo resta un juez para completar el tribunal. Y se tendrá que designar otro fiscal. Lucas Domski, designado fiscal de juicio, dijo que no podrá intervenir “por amistad con uno de los imputados”. 

El Tribunal IV por ahora cuenta con solo dos integrantes, los jueces Carmen Rosa Palacios Arias y Ezequiel Medrano. En las próximas horas se realizará el sorteo procurando dar con el tercer integrante. 

Por su parte, el fiscal de juicio que ya había sido designado, Lucas Domski, se excusó de seguir participando en las audiencias de debate. 

Domski alertó su íntima amistad con Facundo Albini, uno de los  principales imputados. 

Amigos desde el aula

Al dar sus fundamentos de la excusación, el fiscal dijo que a Albini lo conoció durante las cursadas en la Facultad de Derecho, donde entabló un lazo de amistad. Y que ese vínculo luego se trasladó con otros familiares en común. 

Para el fiscal, esos hechos podrían alterar la “ecuanimidad” de la acusación. Y máxime en un debate oral tan sensible. Como se sabe, todo funcionario judicial tiene la obligación de apartarse cuando advierte que pueden estar afectados los principios de transparencia, objetividad y decoro. Sobre todo cuando se dan relaciones y vínculos entre las partes con los acusados que pueden impactar sobre la ecuanimidad de la fiscalía, como parte acusadora en el proceso. 

Tal como viene informando Capital 24, la causa que fue investigada por la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, arribó a la instancia de juicio con tres imputados. Se trata de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, ex puntero del PJ y del Frente Renovador platense;  sus exjefes en la Cámara de Diputados, Claudio Albini y su hijo el exconcejal Facundo Albini. 

Los tres están procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, y cumplen arresto domiciliario.

Organización criminal 

Rigau y Albini están sindicados por haber gestado una organización criminal que se quedaba con el dinero que extraían de numerosas tarjetas de débito. Esos “plásticos” pertenecían a ñoquis o empleados fantasma de la Cámara de Diputados bonaerense. Rigau fue sosprendido in fraganti realizando numerosas y cuantiosas extracciones de dinero en los cajeros del Banco Provincia de 7 y 54. 

Los fondos pertenecían todos a tarjetas de débito de las que Rigau poseía la totalidad de las claves. 

El listado de los dueños de las tarjetas también los ubica como imputados por estafas reiteradas. La acusación recayó sobre María Amanda Albino, Mabel Susana Alvear, Graciela Del Carmen Anivarro, Daniel Alfredo Mederos, María Cecilia D’Ovidio, Raúl Horacio Boragina, Mónica Patricia Carbeta, Brenda Gisele Caro, Marisol Correa, Ernesto Fabián Crivaro, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Perla Adriana De Micheli, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Flavia Antonella Di Rosa, Raúl Marcelo Folone, José Alberto Da Ponte, Ricardo González, Diego Guillermo Koster, Lucas Damián Lucero, Lidia Leonor Malmaceda, Sheila Belén Maroni, Ágata Solange Plana, Silvia Marcela Pérez, Rubén Alberto Mendivil, Hugo Santiago Muguerza, María Josefina Ortellado, Ramiro Alberto Pascual, Matías Federico Pecile, Juan Martín Méndez, Gerardo Rigau, Enzo Mariano Plana, Patricio Pascual Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Alejandro Raverllat, Cristian Osvaldo Rigau, Álvaro Agra, Ramón Raúl Silva, Maximiliano Gastón Rigau, Aldana Ayelén Rodríguez, Antonio Javier Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Mario Sánchez, Ramón Alberto Sosa, Ezequiel Ignacio Tocci, Juan José Tocci, Paula Alejandra Valdata, Juan Marcos Miguel Vallejos y Oscar Antonio Vrcic.

“Tarjeteros”

En el expediente elevado a juicio se acreditó que en septiembre de 2023, Rigau fue detenido in fraganti en un cajero automático del Banco Provincia ubicado en el centro de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de terceros, pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. 

Desde entonces, la fiscalía trabajó para analizar si los propietarios de las tarjetas eran o no imputables. Concluyó que debía caberles una sanción punitiva. 

La fiscal Lacki esgrime que se trató de un esquema de recaudación ilegal sistemática, con el que se desviaron fondos públicos durante varios años mediante contratos “fantasma” y la operatoria de extracción masiva de dinero.

La etapa de instrucción, con la anuencia del juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio, contó con el análisis de movimientos bancarios, cruces de información laboral y peritajes sobre teléfonos celulares.

Los investigadores judiciales establecieron que “Chocolate” Rigau y los Albini tenían roles definidos en la asociación ilícita. Para la fiscal, Rigau era el encargado de la operatoria diaria y las extracciones de efectivo, mientras que Claudio y Facundo Albini, en sus roles jerárquicos dentro de la Cámara de Diputados, habrían sido responsables de la incorporación y mantenimiento de los contratos apócrifos, asegurando el circuito clandestino de fondos.

Cajas políticas

La fiscalía sospecha que el dinero tenía como fin distintas “cajas políticas”. Los llamados “tarjeteros” eran las personas que prestaban su nombre para figurar como empleados legislativos, facilitaban sus tarjetas de débito y recibían a cambio una porción mínima del salario registrado, quedando el resto en manos de la asociación ilícita.

De esta manera el denominado “Caso Chocolate” arriba a la instancia de juicio con tres acusados principales y otros 50 imputados en la mira, los mentados “tarjeteros” o prestanombres, donde en su mayoría ni siquiera asistían a trabajar a la Cámara de Diputados provincial, lo que en la jerga se llama “ñoquis”. 

Además de sortearse un tercer integrante para el Tribunal Oral también se deberá elegir un nuevo fiscal de juicio.