El 15 de enero de 1999, a la altura de la vecina ciudad de Magdalena, el buque Sea Paraná, de bandera alemana, impactó contra el petrolero Estrella Pampeana de la empresa Shell (con bandera liberiana) que provocó el mayor vertido de hidrocarburos en aguas dulces de la historia a nivel mundial.
Región04 de febrero de 2026
A diez años de esa tragedia ambiental, en 2009, el Municipio de Magdalena y la empresa Shell firmaron un acuerdo que a fines de 2025 fue rechazado por la Justicia y se conoció ayer.
El acuerdo en cuestión establecía que el Municipio aceptaba reducir de 90 millones de dólares a 9,5 millones de dólares los costos que debía afrontar Shell por la reparación ambiental sobre las costas de Magdalena.
Como muchos recordarán, el choque de esos buques en el Río de la Plata causó el derrame de más de 5 millones de litros de hidrocarburos que provocaron un daño ambiental sin precedentes en la Argentina.
La homologación firmada en 2009 entre el entonces intendente de Magdalena, el peronista Fernando Carballo y la petrolera Shell CAPSA, en la práctica, sirvió para cerrar la causa por el derrame de petróleo.
Esa drástica reducción de millones de dólares fue rechazada ahora mediante un fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro 3 de Capital Federal, que planteó que los derechos ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de una negociación privada que prescinda de los principios constitucionales.
Dicha resolución fue dictada el 30 de diciembre de 2025, pero se conoció ayer tras la feria judicial de enero. La misma dejó sin efecto el acuerdo de reducción de los costos que debía afrontar Shell por la reparación ambiental en Magdalena.
En 2009, el justicialista Carballo (después fue senador bonaerense y formó parte del Frente Renovador de Sergio Massa), impulsó un plebiscito no vinculante para aceptar la oferta de Shell. El intendente consiguió un acuerdo con el radicalismo: triunfó el SI con el 77% de los votos.
El fallo
El fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro 3 sostuvo que la voluntad de las partes (Shell y el Municipio de Magdalena) no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Ni siquiera si ese acuerdo entre partes contó con el respaldo de un plebiscito y luego con Ordenanzas del Concejo Deliberante.
De este modo, el juez a cargo del mencionado Juzgado, Juan Rafael Stinco, consideró que el monto acordado en 2009 resulta “arbitrario y carece de sustento técnico”.
"El acuerdo se limita a establecer una suma de dinero de carácter global, desvinculada de toda evaluación objetiva, técnica o económica que permita verificar su razonabilidad y suficiencia en relación con la entidad, extensión y complejidad del daño ambiental comprometido", dice el fallo.
Además, Stinco agregó que no se identifican en el acuerdo parámetros técnicos, estudios ambientales, estimaciones de costos de recomposición ni criterios objetivos que permitan correlacionar el monto pactado (USD 9,5 millones) con las obligaciones de recomposición que derivan del régimen jurídico ambiental vigente.
Demanda en La Plata
Tras el derrame de 1999, la municipalidad de Magdalena demandó a Shell en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.
En noviembre de 2002, el juez federal platense Julio César Miralles (quien renunció en 2006 en medio de un proceso de juicio político por mal desempeño y falleció en 2013), resolvió que la petrolera debía ejecutar tareas de recomposición del medio ambiente por un valor de 35 millones de dólares.
Sin embargo, tras varias apelaciones de la empresa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en diciembre de 2007 que el caso pasara a un juzgado federal de Capital Federal. Durante el conflicto, hasta se acudió desesperadamente a Máxima Zorreguieta, la por entonces princesa argentino-holandesa, para que interviniera a favor de Magdalena.
El texto del Plebiscito
El texto de la boleta por el Sí, en color azul y fondo blanco (la del NO era negra con fondo blanco), decía “estoy de acuerdo con el convenio entre la Municipalidad de Magdalena y Shell C.A.P.S.A. por el que se recibirá el Asesoramiento, Diseño y la Planificación de un Plan de Desarrollo Turístico para los Balnearios de Magdalena y Atalaya, un Parque Industrial y una Planta de Tratamiento de los Residuos Sólidos Domiciliarios del Partido de Magdalena, más una indemnización de U$S 9.500.000, equivalente a $ 35.000.000 (cotización U$S 1 = $ 3,70)”. La papeleta del No repetía el mismo texto en tinta negra e implicaba oponerse a tantos “beneficios” para la comunidad magdalenense.
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