La deuda de las familias llegará el miércoles al lugar donde el Gobierno preferiría mantenerla bajo control: el recinto de Diputados. La oposición convocó a una sesión para las 12 con el objetivo de emplazar a las comisiones y ponerles fecha de dictamen a los proyectos sobre morosidad. La pelea parece reglamentaria, pero debajo hay algo bastante más concreto: quién se hace cargo políticamente cuando el endeudamiento deja de ser excepcional y alcanza a millones de personas.
La oposición viene de reunir 133 votos para intentar habilitar el debate. No alcanzaron entonces para modificar el temario, pero dejaron una cifra suficientemente cercana al quórum como para encender las alarmas del oficialismo. Ahora necesitarán conservar esa mayoría y sumar las voluntades necesarias para abrir la sesión.
La Libertad Avanza respondió activando la Comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli. Dispuso reuniones informativas y un calendario que culminaría el 30 de septiembre con un eventual dictamen. Formalmente, el asunto empezó a tratarse. Políticamente, la oposición sospecha exactamente lo contrario: que se abrió la comisión para evitar que se abra el recinto.
Cecilia Moreau calificó el cronograma como una maniobra para ganar tiempo. Myriam Bregman eligió una comparación más gráfica y dijo que es "más largo que la Copa Libertadores". Pablo Juliano también ratificó la sesión y pretende involucrar a otras comisiones, entre ellas Defensa del Consumidor.
Cuando una deuda privada se convierte en problema público
Ahí aparece la discusión de fondo. El Gobierno viene sosteniendo que las deudas son compromisos voluntariamente asumidos entre particulares. Desde esa perspectiva, que un consumidor haya tomado un préstamo, utilizado una tarjeta o financiado una compra no convierte automáticamente al Estado en responsable de rescatarlo.
El argumento tiene una lógica elemental. Si cada deuda privada terminara socializada, desaparecerían los incentivos para prestar responsablemente y también para pagar. El problema comienza cuando la escala rompe esa explicación individual.
Una familia endeudada puede haber administrado mal sus ingresos. Millones de familias simultáneamente complicadas para pagar obligan, como mínimo, a preguntarse qué está ocurriendo con salarios, tasas, consumo y costo de vida. En ese punto la microeconomía empieza a tocar la puerta de la política, aunque la política finja que no escuchó el timbre.
El Congreso tiene más de 40 iniciativas vinculadas al problema. Las respuestas son heterogéneas y algunas avanzan mucho más que otras. Bregman propone declarar la emergencia y suspender cobros. Otros sectores plantean mecanismos de alivio, regulación o protección al consumidor. El oficialismo quiere ampliar las exposiciones antes de avanzar sobre cualquier solución.
Pero la verdadera batalla de esta semana no será todavía sobre cuál proyecto aprobar. Será por controlar el reloj.
LLA buscará convencer a diputados que acompañaron la posibilidad de debatir pero no firmaron la convocatoria, además de radicales y legisladores de Provincias Unidas que en otras votaciones estuvieron cerca del Gobierno. La oposición intentará transformar aquellos 133 votos en una mayoría operativa.
La morosidad se convirtió así en otra disputa por la agenda parlamentaria. Para el Gobierno, admitir que existe el problema no significa aceptar que deba intervenir. Para la oposición, precisamente allí está el flanco: obligarlo a discutir qué ocurre con hogares que ya no consiguen ordenar sus cuentas.
