Mercado Pago enfrenta un juicio millonario por créditos con intereses superiores al 1.300% anual

Un préstamo de $8.000 para comprar pañales terminó, según la demanda presentada contra Mercado Pago, convertido en una deuda de $127.000 aproximadamente un año después. La distancia entre ambas cifras resume una discusión mucho más grande que dos casos particulares: cuánto puede costar el crédito cuando quien lo necesita llega a una aplicación porque el sueldo no alcanza, el banco no presta o una urgencia doméstica no puede esperar. Ahora esa discusión llegó al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24.

La presentación fue impulsada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago, a partir de los casos de dos mujeres. La entidad sostiene que detectó costos financieros superiores al 1.300% anual y pretende que la Justicia determine si existió una práctica abusiva que alcanzó a muchos más usuarios.

Uno de los expedientes personales que alimenta el reclamo resulta particularmente gráfico. Una consumidora pidió $8.000, utilizó el dinero para pañales, pagó inicialmente parte de las cuotas y luego dejó de poder cumplir. ACFRA asegura que, al reconstruir la liquidación, encontró un costo cercano al 1.375%. Es una afirmación de la parte demandante que ahora deberá ser probada y discutida judicialmente.

La diferencia importa. Mercado Pago enfrenta una demanda, no una condena. La Justicia todavía no estableció que esas tasas hayan sido ilegales ni ordenó devolución alguna. Pero el planteo dejó de ser una discusión de redes sobre si Marcos Galperin es un “usurero” para convertirse en un expediente con potencial económico considerable.

Del crédito instantáneo al riesgo de una demanda colectiva

ACFRA busca que el caso sea reconocido como una acción colectiva. Si el juzgado acepta ese encuadre y posteriormente determina que el mecanismo cuestionado se repitió, el alcance podría extenderse mucho más allá de las dos mujeres que iniciaron la causa. La asociación calcula que hasta 7 millones de usuarios podrían quedar comprendidos y pretende revisar intereses cobrados durante los últimos tres años.

La estrategia tiene tres escalones. Primero necesita que la Justicia habilite el carácter colectivo. Después buscará una cautelar para detener la capitalización que cuestiona. Finalmente, si obtiene una sentencia favorable, intentará que se restituyan importes que considere cobrados o descontados indebidamente. Antes de hablar de un juicio multimillonario ganado hay, por lo tanto, un recorrido judicial largo. Pero la magnitud potencial explica por qué el expediente merece atención.

El problema económico excede a una empresa. Las fintech ocuparon un espacio que la banca tradicional dejó parcialmente vacío: ofrecen dinero rápido, desde un teléfono y con pocas fricciones a personas que muchas veces tienen escaso acceso al crédito bancario. Esa facilidad tiene valor real. Para una familia que necesita resolver una compra urgente, esperar semanas una evaluación crediticia puede equivaler a no tener crédito.

El conflicto aparece cuando la velocidad de acceso convive con costos capaces de multiplicar una deuda hasta volverla prácticamente impagable. Allí el crédito deja de funcionar solamente como puente entre ingresos presentes y futuros y puede transformarse en una aspiradora del ingreso disponible.

En una economía con hogares cada vez más dependientes del financiamiento para sostener consumos corrientes, la cuestión adquiere otra dimensión. Endeudarse para comprar un electrodoméstico durable no es igual que pedir dinero para pañales, alimentos o gastos cotidianos. Cuando el crédito financia necesidades inmediatas, la tasa deja de ser una abstracción escrita en una pantalla: compite con el próximo salario, el alquiler, los servicios y la comida.

Por eso la morosidad es parte central del negocio y también de su riesgo. Quien presta a segmentos considerados más riesgosos cobra una prima mayor para compensar posibles incumplimientos. Esa lógica financiera existe y no necesita demonización. La pregunta que deberá discutir la Justicia es dónde termina el precio legítimo de ese riesgo y dónde comienza una condición contractual abusiva bajo las reglas de defensa del consumidor.

Mercado Pago tendrá la oportunidad de defender sus contratos, tasas y mecanismos ante el tribunal. ACFRA deberá demostrar que aquello que denuncia como abusivo efectivamente lo fue y que existió una práctica suficientemente homogénea para justificar una reparación colectiva.

Hasta entonces, la cifra que abrió el expediente conserva toda su potencia económica: $8.000 convertidos en $127.000. El verdadero juicio no será sobre una aplicación cómoda ni sobre la modernidad de las fintech. Será sobre el límite. Porque cuando el crédito destinado a resolver una urgencia termina fabricando una urgencia mayor, la innovación financiera deja de discutirse en términos de velocidad y empieza a medirse en algo bastante más antiguo: quién tiene el poder de fijar el precio de la necesidad.