El juez federal Ramos Padilla sindicó a los responsables. El fraude se produjo en las últimas elecciones. Un total de 170 personas dijeron desconocer su inscripción a las listas en la provincia de Buenos Aires. Seis están muertos.
Región21 de agosto de 2024
La justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, tras detectar candidatos fallecidos hace diez años en listas partidarias o que no habían dado su consentimiento para integrarlas, procesó a los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las elecciones Primarias de 2023.
Según acreditó en el expediente, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el fraude le costó al Estado más de 500 millones de pesos. Ya se dictaron embargos.
La investigación judicial comenzó hace un año, en julio del año pasado. El magistrado dictó el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo. Además, en la resolución de más de 180 páginas a la que tuvo acceso Capital 24, se les prohibió la salida del país y se les embargaron sus bienes.
Para Ramos Padilla el delito cometido es “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”.
El juez sostuvo que el fraude consistió en “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Raúl Ernesto Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos fueron formalmente procesados por utilizar datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas.
Entre otras medidas dispuestas en la investigación, el juez Ramos Padilla ordenó, en julio de 2023, la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos.
El magistrado constató que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años. A partir de entonces, se abrieron cuatro causas penales que se acumularon en un expediente.
En otras medidas de prueba, se llevaron adelante seguimientos de gastos, se convocó a la AFIP, pero, ante todo, se citaron a declarar a 216 candidatos. El resultado que arrojaron esas pericias y estudios fue que 170 jamás habían prestado conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a diputados nacionales, senadores nacionales o parlamentarios del Mercosur.
Otros datos del expediente, por caso, respecto al dinero, dos de los partidos se hicieron con los fondos asignados por la Dirección Nacional Electoral. A Proyecto Joven se le asignó alrededor de 352 millones de pesos en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados y senadores nacionales, y de Parlamentarios del Mercosur distrito Regional. El monto no quedó ahí. También recibió más de 76 millones de pesos para imprimir boletas para los partidos que presentaran listas internas.
A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron más de 124 millones de pesos. En el caso de Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal, no llegaron a cobrar los montos asignados porque las listas fueron rechazadas por las autoridades electorales.
Durante la instrucción de la causa, se estableció además que, de los cuatro procesados, uno estaría a la cabeza de las operaciones. Se trata de Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal. Tras los allanamientos dictados por el juez, se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en sus domicilios.
En otro tramo de su resolutorio, el juez Ramos Padilla indicó que, con el dinero obtenido ilegítimamente por dos de las agrupaciones, teniendo en cuenta que las dos restantes no llegaron a cobrarlo, habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe. La elección no habría sido al azar, ya que el propio Habra es socio de la misma, según se indicó.
El fallo consignó que “se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”.
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