Lo anunció en reiteradas oportunidades y fue confirmado este viernes en Casa Rosada junto a bloques aliados. El veto es total e ingresó al Congreso formalmente a la tarde.
Política 03 de septiembre de 2024
El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó de manera completa el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756, sancionado el pasado 22 de agosto, por el cual se disponen importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social.
Así se confirmó en los primeros minutos de este lunes, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 782/2024, que consta de tres artículos, el primero de los cuales observa en su totalidad el proyecto de ley, mientras que en el segundo se indica que se devuelve al congreso dicho proyecto de ley. El Parlamento tiene potestad ahora de decidir si acepta el veto o insiste con esa iniciativa, tal cual está facultado por el artículo 83° de la Constitución nacional.
Recordemos que el proyecto de ley tuvo origen en Diputados, donde como cámara de origen tendrá que iniciarse el proceso de rechazo del veto, que solo prosperará en caso de alcanzarse los dos tercios de los votos de los presentes. En caso de que eso suceda, deberá repetirse el proceso en el Senado, donde el proyecto se convirtió en ley con 61 votos a favor y 8 en contra.
El veto lleva las firmas del presidente de la Nación, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello, Luis Andrés Caputo, Diana Mondino, Luis Petri, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Federico Adolfo Sturzenegger.
El decreto establece que el proyecto de ley sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En ese sentido precisa el decreto que el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera “es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Asimismo señala que el propio reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo…”.
Sostiene el Poder Ejecutivo que “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.
Agrega el texto suscripto por el presidente que el proyecto vetado, en caso de ser aplicado, “implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos para el año 2024; y de quince billones cuatrocientos treinta mil millones de pesos para el año 2025”.
Los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Asimismo, se indica respecto del gasto previsional de la ANSeS que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024; y de 29,2% para el año 2025.
Por otra parte, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada por el Congreso conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales.
La cifra mencionada, asegura el decreto de veto, tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.
Unas chirolas para los abuelos
Los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) que reciben la mínima o pertenecen a determinados grupos reciben en septiembre el bono extraordinario, que sigue siendo de $70.000 en los casos en que corresponda cobrarlo completo, tal como se desprende del decreto presidencial 783/2024.
La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, indica que este mes se renueva la entrega del bono extraordinario para los titulares del sistema previsional argentino. La suma se mantiene sin cambios respecto de los meses previos y, en el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, les corresponde un proporcional hasta llegar a la cifra de $304.540.
La actualización para los titulares del sistema previsional argentino toma como referencia el índice de inflación del mes de julio, publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). En septiembre se aplica una suba del 4,03%, en concordancia con el aumento de precios registrado en julio, que fue del 4%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El reajuste de los haberes jubilatorios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la nueva modalidad de cálculo que comenzó a regir a partir de julio para establecer los haberes previsionales.
El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo y defendido por las diputadas Lucía Iañez y Susana González fue aprobado en la Cámara baja. Busca unificar las legislaciones provinciales existentes, ampliar la protección y promover la inclusión de nuevos tipos de violencias.
Bartolomé Abdala, hombre cercano a Victoria Villarruel y presidente provisional del Senado, defendió la teoría de los dos demonios, elogió los indultos a los represores dictados por Carlos Menem y aseguró que la Argentina debe "sanar para adelante".
Kicillof sobre la instalación de la planta de GNL: “El juego de la politiquería debe estar por fuera de la discusión”
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continúa avanzando en la implementación de herramientas destinadas a llevar soluciones habitacionales y de infraestructura a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires.Las acciones son impulsadas por la Subsecretaría de Hábitat.
Tras varios pedidos de la oposición, finalmente la secretaria de Cultura comunal, Ana Negrete, se hizo presente ayer en la Comisión de Cultura, Educación y Deporte del Concejo Deliberante, que preside Melany Horomadiuk (PRO), para responder preguntas sobre el estado de la República de los Niños.
De la mesa de trabajo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad participaron representantes de 14 distritos. Se debatieron estrategias para fortalecer las políticas de promoción y protección de derechos.
Los procedimientos judiciales se realizaron en juzgados de faltas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Un fiscal de nuestra ciudad encomendó los operativos a la Policía Aeroportuaria. Millonarias pérdidas por desvío de fondos en concepto de infracciones “reducidas o “eliminadas” de manera ilegal.
La eminencia de la Sociología Argentina, Miguel Ángel Forte analizó los altos niveles de pobreza en el país y subrayó que en tiempos de crisis se producen “formatos neofascistas”, ya que el hambre, desde el punto material y cultural, es “funcional”.
La tradicional Maratón “Delfor De la Canal” irá por su 19na edición y para eso ya tiene fecha de realización: será el domingo 6 de octubre en Plaza Moreno. Cabe destacar que este es un evento gratuito, solidario y abierto a toda la comunidad que año a año es organizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En un encuentro de fuerte impacto político en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Esteban Echeverría estuvo junto con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y el exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, en la Fiesta del Asado Criollo realizada en Moquehuá, partido de Chivilcoy.
Revisaron aulas, ventanas y pasillos. El Tribunal V de La Plata que juzga al docente Marcos Ledesma realizó una inspección ocular en el establecimiento educativo N° 914 del barrio La Loma. En una semana, escuchará los alegatos de la fiscalía, la abogacía y la defensa. Habría un pedido de hasta 50 años de prisión.