Escándalo en la causa “Chocolate”: no puede cumplir su arresto domiciliario por falta de tobilleras electrónicas en el SPB

En la resonante causa de la millonaria corrupción con los ñoquis de la Legislatura bonaerense, le costó demasiado conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria al puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, después de varios reveses judiciales para que ahora, una cuestión “técnica” le imposibilite concretarlo. Solo necesitaba estar monitoreado en su domicilio. Pero el Servicio Penitenciario Bonaerense informó que no cuenta con tobilleras ni pulseras electrónicas de control satelital. 

Y para colmo de males, hay una lista de espera con más de 300 internos. Todos con su prisión preventiva morigerada con el arresto domiciliario y que siguen aguardando que el adminículo electrónico aparezca de un momento para otro, mientras continúan encerrados en sus calabozos. 

En una causa tan política, una lista de espera por carencia y ausencia de una tobillera también es un impacto político siempre a las entrañas del Gobierno bonaerense. Sobre todo, con escenarios de superpoblación y crisis edilicia en las unidades penitenciarias. 

Precisamente, ayer quedó firme la resolución de la Casación bonaerense que había otorgado a Rigau el beneficio de la morigeración de su prisión preventiva a través de un arresto domiciliario, en el marco de la causa que lo tiene procesado por un desfalco superior a los 800 millones de pesos cometido a través de la extracción de dinero en cajeros automáticos, con tarjetas de débito, que estaban a nombre de empleados presta nombre o “ñoquis” de la Cámara de Diputados provincial. 

Fiscalía ausente

La morigeración quedó firme este lunes 23 de diciembre porque ese dictamen no fue apelado por quien tenía la potestad de hacerlo. Es decir, la fiscalía de Casación o la de juicio. Nadie presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte bonaerense. Tampoco el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, quien en última instancia debió haber recurrido la excarcelación otorgada a “Chocolate”. 

No es la primera vez que ocurren en este expediente extraños movimientos procesales. Ya el año pasado, los camaristas de la Sala III, Alejandro Villordo y Juan Benavides le otorgaron una inesperada excarcelación que luego tuvo que ser corregida por la Casación provincial. Los dos camaristas fueron denunciados para que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento a magistrados. 

Sin control satelital

La falta de tobilleras electrónicas en el caso de Rigau hizo pensar rápidamente si la misma situación se pudiera estar produciendo con decenas de internos. Según se indicó desde la Procuración, habría el menos 300 internos con resoluciones a su favor para que continúen con arresto en sus casas, pero no pueden concretarlo por la falta de mecanismos de control satelital. 

Los dispositivos más usuales, más allá de las fallas que han registrado en distintas causas penales, con fugas y perpetración de otros delitos mientras figuran “en domicilio”, son la tobillera y la pulsera electrónica. 

La información de la escasez de esa herramienta de monitoreo se produce en la cercanía del receso por la Feria Judicial de enero. “La lista de espera es extensa y cualquier prioridad para Rigau podría suscitar sospechas de favoritismo”, indicó ayer una fuente ligada al expediente. 

Tal como viene informando Capital 24, Rigau está detenido bajo prisión preventiva junto a sus jefes políticos, Claudio Albini y Facundo Albini, también considerados por la fiscal del caso, Betina Lacki, como los líderes de una asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

Más de veinte años de fraudes

Las pericias incorporadas al expediente arrojaron que los delitos se basan en el manejo ilícito de contratos de locación de servicios en la Cámara de Diputados bonaerense, realizados entre 2021 y 2023.  La semana pasada, la fiscal Lacki amplió el rango de investigación hasta 2002, es decir más de veinte años atrás, acreditando el mismo modus operandi delictivo y fraudulento.

En rigor, la fiscal acreditó la concreción de 48 contratos irregulares de locación de servicios, permitiendo que personas cobraran sueldos sin desempeñar funciones reales. Los peritos sindican esas maniobras como una estructura con presta nombres de la Cámara de Diputados bonaerense. 

Entre las operatorias detectadas, el uso de tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias para desviar fondos públicos, es el ardid más frecuente que se comprobó en la investigación judicial. Para la fiscal Lacki esa maniobra socava la legitimidad de las instituciones democráticas y afecta gravemente las arcas del estado provincial.

Los Albini en la mira

Con respecto a los imputados Claudio y su hijo Facundo Albini, también intentaron en reiteradas ocasiones conseguir el anhelado beneficio procesal del arresto domiciliario. Algo que “Chocolate” obtuvo y no puede concretar. 

Por su parte, la fiscal Lacki manifestó en más de una oportunidad que le fue requerido por los tribunales superiores que ella se opone rotundamente a una excarcelación de los tres principales procesados. Al denegar cualquier beneficio procesal, la fiscal ponderó la gravedad institucional de los delitos, el monto defraudado y el riesgo de fuga. Con esos argumentos denegó una y otra vez su morigeración de la prisión preventiva. 

La fiscalía conjetura que las penas en expectativa para los Albini podrían superar los 15 años de prisión, aumentando el peligro de fuga y justificando la continuidad de su prisión preventiva. 

Vínculos bajo sospecha

No solo por el cobro de tarjetas de débito de la Legislatura que el caso concita la atención desde hace meses en medios de comunicación y redes sociales. También llamó la atención el vínculo con las operatorias fraudulentas por parte de familiares y personas muy cercanas a los Albini. Por caso, la esposa de Facundo Albini, Rocío Hernández, trabaja como Auxiliar Letrada en la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración bonaerense, uno de los órganos clave para la realización de las pericias en este y otros expedientes que investigan la corrupción y el llamado delito de guante blanco en la Provincia. 

También Rosana Delgado, primera esposa de Claudio Albini, y Perla Demichelis, suegra de Facundo Albini fueron identificadas por la fiscal Lacki nada menos que como beneficiarias de los contratos de locación que se encuentran bajo sospecha. 

Estos familiares cercanos han concretado gastos exorbitantes, entre viajes y compras, según se informó, mientras los Albini se encuentran en prisión. Para la fiscalía el origen de esos fondos dinerarios es altamente sospechoso. De allí que podrían iniciarse actuaciones por presunto enriquecimiento ilícito. 

Alguien que se opuso en más de una ocasión a la excarcelación de Rigau y los Albini fue el juez de Garantías de la causa, Federico Guillermo Atencio. El magistrado ha indicado que “con el devenir de la pesquisa” podría detectarse “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. 

Facundo Albini era concejal y también tenía un cargo en la Cámara de Diputados. En un allanamiento a la vivienda de Rigau, apareció diversa documentación donde se lo involucraba. Para la fiscal Lacki, quedó comprobado en el expediente que “Chocolate” le rendía el dinero de sus numerosas extracciones por cajero, al padre de Facundo, Claudio Albini. 

Además, en la causa hay otros 50 imputados por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.