Desde La Plata avanza otra investigación contra “ñoquis” en la Provincia

En otro resonante expediente que indaga sobre la corrupción en el entramado político bonaerense, la justicia penal de La Plata imputó a ex funcionarios del ex intendente Julio Garro en el marco de una causa en la que se realizaron una serie de allanamientos en las últimas horas. 

Los procedimientos tuvieron lugar en los domicilios de 13 imputados acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia". 

Entre los imputados se encuentra el ex secretario de coordinación Oscar Negrelli, ya que, según se informó en tribunales numerosas personas de las que percibían sueldos de la Comuna platense y no se presentaban a trabajar, estaban nombrados en su área.

Además, está implicado el ex director general de personal Mariano Pérez Aramburu, sindicado por su responsabilidad central en las designaciones del personal. La nómina de sospechados incluye también al ex secretario de políticas públicas en seguridad y justicia Néstor Pulichino y el ex concejal de Juntos Darío Musto. 

Los investigadores judiciales también tienen en la mira a Moira Jazmín Valdez, Julio César Brischetto, Romina Villegas, Ricardo Imael Jalet, Martina Aylen Amancay Valdata, Sergio Daniel Lucero, Cristian Rigau y Facundo Pérez.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción, Juan Condomí Alcorta. Durante los allanamientos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y se secuestraron computadoras y teléfonos.

La causa penal comenzó a instruirse a partir de una denuncia presentada por el intendente Julio Alak en febrero de 2024. Se centra en la detección de empleados municipales que habrían cobrado salarios sin prestar servicios efectivos, conocidos popularmente como “ñoquis”. 

La fiscalía acreditó una red de contrataciones irregulares que superó las 12,000 designaciones en la planta municipal, muchas de las cuales estarían vinculadas a maniobras políticas. Algunos de los imputados, además, tendrían conexiones con Julio “Chocolate” Rigau, un puntero político detenido previamente por el escándalo de las tarjetas de la Legislatura bonaerense, en una causa que ya fue elevada a juicio oral tal como anticipó Capital 24 la semana pasada. 

En la auditoría realizada por la actual gestión municipal, la que derivó en la presenta causa penal, se detectaron numerosas irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales. Entre estas se incluyen personas que cobraban sin presentarse a trabajar, e incluso una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.

También se determinó, según indicaron en tribunales, que recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en causas penales.

Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.

Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.

El fiscal Condomí Alcorta, a cargo de la investigación, ha señalado que los elementos secuestrados -como dispositivos electrónicos y registros contables- en los allanamientos serán analizados minuciosamente para determinar el alcance de las irregularidades. Esta semana se determinarían las audiencias para avanzar con las declaraciones indagatorias y testimoniales.