El operativo se desplegó ayer mientras se disputaban competencias de TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Pista y TC Pista Mouras. A pesar del movimiento de entre 50 y 70 agentes en distintos sectores del predio, la jornada continuó con normalidad.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, a cargo de la jueza Marcela Inés Garmendia, y estuvo vinculada a presuntas irregularidades en las habilitaciones del circuito.
El procedimiento no aparece aislado. Forma parte de una serie de inspecciones y allanamientos que se vienen repitiendo desde fines de 2025, en un contexto de creciente presión judicial sobre el entorno del automovilismo nacional y, en particular, sobre la familia Mazzacane.
En paralelo, la investigación que apunta a la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) sigue avanzando. Semanas atrás, la Justicia ya había allanado la sede de la entidad.
En esa causa fueron procesados Hugo y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC, junto a otros empresarios y directivos. Se los investiga por presuntas maniobras de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
El expediente, impulsado por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y tramitado en el Juzgado Federal N°1, describe un entramado societario que habría sido utilizado para ocultar ingresos, desviar activos y evitar el pago de impuestos.
Según la resolución judicial, las maniobras incluirían facturación apócrifa, contabilidad paralela y el uso de empresas interpuestas. El perjuicio estimado para el Estado nacional ronda los 4.000 millones de pesos.
La investigación también alcanza a la firma Quilmes Tolosa S.A., vinculada a la familia Mazzacane, además de otras sociedades que siguen bajo análisis.
En ese escenario, el allanamiento en el Mouras refuerza la lupa judicial sobre uno de los núcleos más influyentes del automovilismo argentino.
