El juez Atencio analiza los numerosos requerimientos de detención solicitados por la fiscal Lacki contra un concejal de La Plata, su padre y los 48 dueños de las tarjetas de débito a nombre de la Legislatura bonaerense de las que se hacían exorbitantes extracciones en cajeros automáticos.
Policiales02 de noviembre de 2023
Al cierre de esta edición, se aguardaba la resolución del juez de garantías de La Plata Federico Guillermo Atencio en torno al pedido de detención formulado por la fiscal Betina Lacki contra el concejal y apoderado del Frente Renovador, Facundo Albini; su padre, Claudio Albini; y también a los 48 titulares de las tarjetas de débito que el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau tenía en su poder.
Rigau, único detenido en la causa hasta el momento, fue sorprendido el 9 de septiembre cuando realizaba cuantiosas extracciones dinerarias en los cajeros de 7 y 54 de las tarjetas de que figuraban a nombre de los “empleados” de la Cámara de Diputados bonaerense.
Tal como informó Capital 24, esta semana la fiscal Lacki decidió imputar hacia arriba en la escala de responsabilidades penales, sindicando jefes y referentes políticos responsables de la organización criminal dedicada al financiamiento ilegal de la política a través de una maniobra fraudulenta que asciende a los 800 millones de pesos.
El juez Atencio rechazó el martes los pedidos de eximición de prisión formulados por las defensas de los Albini y de los 48 dueños de las tarjetas. Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y Facundo Albini, su hijo, concejal de La Plata (reelecto en las elecciones del 22 de octubre) y apoderado a nivel nacional del Frente Renovador, quedaron imputados por asociación ilícita, delito que establece una pena de hasta diez años de prisión de efectivo cumplimiento.
Las pruebas tenidas en cuenta por la fiscal Lacki al disponer las imputaciones y pedidos de detención se desprenden del contenido del teléfono celular de “Chocolate” Rigau. Fuentes judiciales indicaron que entre los mensajes de WhatsApp que fueron analizados se cuentan conversaciones con Albini, que a su vez aludían a su padre como quien daba las indicaciones.
En sintonía, la fiscal y el juez Atencio consideraron a Claudio Albini como el jefe de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública de manera reiterada. En tanto, a Facundo Mario Albini, también se le imputan los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.
Además, la fiscal dispuso que los 48 dueños de las tarjetas de débito debían dejar de ser testigos y pasar a ser imputados como partícipes de la asociación ilícita. El juez Atencio, al rechazar las eximiciones de prisión, argumentó la extensión del daño que se investiga en la causa y a las características de la conducta imputada, que permitiría que, de ser condenados, la pena contra ellos fuera “de cumplimiento efectivo”.
En el caso de Facundo Albini, Atencio fundamentó que lo hacía “por la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por el imputado, en tanto facilitó la comisión de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influencia entre coimputados -teniendo en cuenta la relación familiar que lo une con el jefe de la asociación- y la pena en expectativa”.
La fiscal acusa a los “empleados” de la Cámara de Diputados de haber sido partícipes del delito de fraude contra la administración pública. Lacki sospecha que son “ñoquis” de la Legislatura, es decir, empleados que en realidad no trabajaban y que aceptaban figurar como contratados sin cobrar su sueldo a cambio de sumar aportes jubilatorios y contar con una obra social.
Ante el estado actual del expediente, no quedaría otra posibilidad más que la de librar órdenes de detención masiva para todos los imputados en múltiples y simultáneos allanamientos, lo que implicaría un megaoperativo policial y judicial.
Lacki aguarda además una respuesta de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Federico Otermín -electo intendente de Lomas de Zamora-, para profundizar sobre el manejo de los contratos en esa repartición.
Unas horas antes de las elecciones generales, el Gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, pidió ser querellante en la causa argumentando que la maniobra habría generado un “perjuicio para la Provincia”. Por su parte, el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, impulsó un juicio político para los dos camaristas que anularon la causa de manera escandalosa.
Tres delincuentes robaron a una familia de panaderos. Los malvivientes golpearon a uno de los propietarios y, por si fuera poco, dispararon dentro de la vivienda.
Un nuevo hecho delictivo que afortunadamente no tuvo consecuencias graves que lamentar sucedió durante la noche del lunes, cerca de las 22.30, en la zona de calle 523 llegando a la Avenida 137, en cercanías del Destacamento La Unión de la Policía bonaerense.
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La policía de nuestra ciudad recuperó un automóvil marca Audi A4 que había sido robado en Mendoza en el año 2018.
“Resortín” es el apodo con el que se conoce al ladrón con una sola pierna que tanteaba puertas para entrar a robar a las casas que ayer fue detenido y llevado a la Comisaría Novena (calle 5 y 59) de nuestra ciudad.
Dos hombres oriundos de Córdoba fueron aprehendidos ayer en nuestra ciudad por su presunta participación en una serie de robos de automotores, siendo que muchos de ellos fueron registrados por las cámaras de monitoreo municipal.
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Dos ex concejales del PRO en Ensenada conformaron ayer el nuevo bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante local, que había perdido su representación en el cuerpo luego de la partida de Claudia Romero y Ricardo Romero, quienes armaron el Frente de Identidad Vecinal Ensenadense junto al radical Gustavo Asnaghi. Se trata de Leandro "Peto" Rojas y Agustina Caparrós.
El problema comenzó cuando la trabajadora judicial solicitó, en reiteradas ocasiones, a lo largo de dos años, la nómina de la planta oficial del área.
Tras la sanción y promulgación de la primera parte del Código de Ordenamiento Urbano, Capital 24 dialogó con Alberto Ramírez, coordinador de consejos locales de la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Político Social Carlos Cajade, para conocer su opinión sobre el tratamiento del tema por parte del Ejectivo comunal.
La Asamblea Vecinal de dicha localidad reclamó acciones inmediatas al intendente Alak y a la delegada comunal Peluso. Sostienen que el problema radica en la acumulación de basura por falta de recolección, por contenedores abarrotados y por alimentos desparramados en la vía pública.