Apuntan a funcionarios “hackers” de UCR-PRO por el millonario desfalco en la Legislatura

La justicia penal puso al descubierto un sistema recaudatorio electrónico que no requiere presencialidad en cajeros ni movimientos de dinero “físico”. Tan solo desde la pantalla de una PC y a través del Home Banking, cómodamente instalados en sus oficinas de la Legislatura bonaerense en 8 y 51 o desde sus domicilios se apoderaban y disponían de los fondos de empleados ñoquis. La magnitud digital “hacker” de estas maniobras, parecerían dejar en “obsoletas” a las denodadas fechorías de Julio “Chocolate” Rigau en sus andanzas por los cajeros automáticos de nuestra ciudad.

Los dos nuevos sospechosos son estrechos colaboradores de la senadora UCR-Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte, también imputada y con pedido de desafuero por la exorbitante defraudación en la Legislatura bonaerense cometida a través de extracciones de fondos en cuentas pertenecientes a empleados “ñoquis”. 

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez, citó a indagatoria a Kevin Alan Razimoff para el próximo lunes 18 de marzo sindicado por disponer como propios de los salarios de empleados “fantasma” del Senado provincial.

Para el fiscal, el ardid utilizado por Razimoff es distinto y más moderno que el desplegado por el puntero del PJ “Chocolate” Rigau o el del dirigente de la UCR-PRO Hugo Muguerza, quienes son investigados por la justicia platense por extraer dinero de las cuentas sueldo de los falsos empleados, en forma personalizada y presencial. 

El fiscal Pérez acreditó que Razimoff, un abogado de 31 años oriundo de San Bernardo, no recorría cajeros automáticos de La Plata. Sino que todo lo hacía a través de transferencias digitales. El expediente ya cuenta con registros bancarios, contables e informáticos que permitieron desandar el modus operandi de Razimoff. 

Pero en la investigación que ya lleva tres años, el fiscal Pérez también pudo establecer que otro colaborador de la senadora Delmonte, con domicilio en Gonnet, llevaba adelante una maniobra similar con extracciones por Home Banking. La fiscalía apunta a Javier Gonzalo Torrijo Fuertes, un diseñador gráfico de 54 años, y figura como empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.

En la causa se estableció que Razimoff y Torrijo Fuertes transfirieron vía online dinero que pertenecía a los salarios de al menos seis empleados o supuestos empleados del Senado bonaerense a sus cuentas personales. 

A diferencia de las “artesanales” extracciones de “Chocolate” Rigau y Muguerza, el fiscal Pérez pudo comprobar que el dinero extraído vía transferencia por Razimoff y Torrijo Fuertes era utilizado y desviado, incluso para pagar cuestiones domésticas de la senadora Delmonte.

Entre otros rubros, el dinero “transferido” se usó para pagar el impuesto automotor de un auto que pertenece a la senadora, abonar el impuesto inmobiliario de los padres de Delmonte, y comprar dólares ahorro, a nombre de esos supuestos empleados en al menos dos páginas de Internet. 

De este modo, la justicia penal logró arribar a un mismo resultado en dos fueros distintos, el de La Plata -con Rigau, Facundo y Claudio Albini bajo prisión preventiva- y en Dolores, con la imputación de la senadora Delmonte y dos de sus estrechos colaboradores. Lo que también quedó al descubierto es cómo la maniobra era perpetrada por más de un partido político y en las dos Cámaras de la Legislatura. 

El fiscal Pérez dispuso en una resolución que “al menos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 Delmonte, con su asesor Kevin Razimoff y un empleado de Diputados, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, habrían designado gente en el Senado a cambio de que estos resignaran parte de sus haberes a cambio de la obra social y el pago de la jubilación”.

Tal como anticipó Capital 24, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, resolvió pedirle al Senado provincial que avance con el proceso de desafuero de Delmonte. 

La senadora publicó en sus redes sociales un descargo y lo vinculó a “cuestiones personales”, como su proceso de divorcio. “Son utilizados por una tercera persona y se judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias”, justificó. 

Por su parte, la fiscal de La Plata, Betina Lacki, comenzará esta semana una extensa agenda de audiencias testimoniales. Los primeros son los funcionarios encargados de las contrataciones en la Legislatura bonaerense.

Lacki asegura que esas contrataciones y saqueo de fondos era manejado por el ex concejal Facundo Albini y su padre Claudio. La fiscal convocó a declarar a los directores de Personal, Pablo Parente, y de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Resiglione, como también al Tesorero, Marcelo Auziverría, y a los jefes de Servicios Auxiliares, Tomasina Papaleo, y de Registro de Personal, Víctor Vigano.