¿A foja cero? Los Albini pidieron la nulidad de toda la causa Chocolate: cuestionan a los 12 testigos que los incriminan

 

A todo o nada juega sus fichas el cotizado abogado Maximiliano Rusconi, quien recientemente quedó en soledad para defender a Facundo y Claudio Albini en la causa que los tiene bajo prisión preventiva bajo sospecha de liderar la asociación ilícita en la que el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau realizaba millonarias extracciones bancarias con tarjetas de débitos pertenecientes a empleados prestanombres de la Cámara de Diputados bonaerense. 

Rusconi presentó el pedido de nulidad de todo lo actuado ante el juez de garantías Federico Guillermo Atencio, luego de que el letrado platense Gustavo Galasso renunciara al patrocinio legal de los Albini por “disparidad de criterios en la estrategia de la defensa”.

En su escrito de 13 carillas, Rusconi alerta que la fiscal Betina Lacki incurrió en un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional por haber utilizado las declaraciones que en calidad de testigos y bajo juramento de decir verdad dieron 12 empleados de la Cámara de Diputados. 

Según el defensor, la fiscal luego tomó esos mismos dichos para imputar a Rigau y a sus defendidos, Facundo y Claudio Albini, algo que está prohibido por las normas procesales, por cuanto afectan al derecho de defensa en juicio.

Asimismo, Rusconi planteó ante el juez de garantías Atencio, la reserva de recurrir ante instancias superiores como la Casación, la Corte provincial y de la Nación e incluso tribunales internacionales. 

“Los testigos fueron utilizados como objeto de prueba -fundamentó el letrado defensor-, y así se violaron disposiciones del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires”.

De acuerdo a la presentación a la que Capital 24 tuvo acceso, a su entender, los testimonios fueron incorporados al expediente por “un procedimiento constitucionalmente ilegítimo”

El juez Atencio, al dictar los procesamientos sostuvo que “un sujeto de sexo masculino que reviste el carácter de Funcionario Público, toda vez que se desempeña como Sub Director de Personal de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (en referencia a Claudio Albini), con la cooperación de al menos dos sujetos del sexo masculino –resultando uno de ellos su hijo (Facundo) y otro un empleado de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, junto a un grupo de personas que, […], mediante un acuerdo tácito o expreso, tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrarla, de una asociación cuyo fin era cometer delitos, siendo su principal objetivo defraudar a la administración pública”.

Atencio también indicó que “a los fines de poder lograr su cometido, las personas de mención obtuvieron empleos, firmando para ello contrato de locación de servicios con la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario, que al momento del inicio de la presente (septiembre de 2023), resultaba ser de aproximadamente quinientos ochenta mil pesos ($ 580.000) mensuales”.

Según el magistrado, en las pruebas reunidas por la fiscal Lacki, se advierte que “parte del mencionado grupo efectivamente realizaba tareas, mientras que otras personas no prestaban funciones”.

De manera que “algunos de los partícipes de la asociación (ilícita), disponían de parte del dinero correspondiente a los salarios, ya sea a través de la utilización de aplicaciones como "Cuenta DNI" o por medio del Home Banking, siendo que a la parte mayoritaria de ese dinero se le daba un destino distinto, defraudando de esta forma al erario público”, fundamentó el juez en el dictamen de procesamiento de los Albini.

Para el abogado Rusconi, la fiscal Lacki y el juez Atencio realizaron una imputación ilegal porque utilizaron las testimoniales de 12 personas que “están viciadas de nulidad” y, no obstante, “han servido de base para la construcción de la ‘base fáctica’ utilizada por la fiscalía para imputar a Facundo y Claudio Albini; mediante supuestas ‘evidencias’ ilícitamente obtenidas”.

El defensor subrayó que la prueba de cargo contra sus asistidos “fue construida en forma viciada, irregular e ilegítima y, por imperio de la norma del art. 207 del CPPPBA, todo acto/diligencia subsiguiente debe ser igualmente sancionado con nulidad”.

En su presentación, Rusconi acompaña abundante documentación citando diversa doctrina y jurisprudencia en cuanto a la nulidad del “inicio mismo del proceso cuando este reconoce como antecedente declaraciones testimoniales juramentadas de quienes a la postre ‘devienen’ imputadas”.

El pedido de nulidad será resuelto en las próximas horas por el juez de garantías. Ante una eventual denegatoria, la defensa ya anticipó que recurrirá a las instancias superiores de revisión. 

Atencio ya había denegado el pedido de morigeración con arresto domiciliario pedido por los abogados de “Chocolate” Rigau, aduciendo cuestiones de salud. El magistrado consideró que no existen razones de salud, ni tampoco procesales para disponer la excarcelación o flexibilizar las condiciones de su detención.

Rigau había fundamentado que afronta una depresión severa tras la muerte de su esposa (cuando él ya se encontraba con prisión preventiva), lo que se sumaría a un cuadro de hipertensión que requiere medicación, pero que se niega a tomar porque reduce su capacidad de mantenerse atento a los riesgos inherentes de una unidad penitenciaria. Al menos, ese fue el planteo de su defensa. “Chocolate” está preso desde hace casi seis meses.

En rigor, Rigau se encuentra detenido en la Alcaidía Departamental “Roberto Pettinato” de Melchor Romero desde el 15 de octubre pasado, cuando la Casación bonaerense revocó un polémico fallo de la Cámara platense que había ordenado su excarcelación diciendo que la Policía lo había detenido “sin causa”, violando su privacidad. 

Junto a los Albini, Rigau está sindicado de integrar una asociación ilícita destinada a malversar millones de pesos en perjuicio del Estado bonaerense. Claudio Albini era el Subdirector de Personal de la Legislatura, y su hijo Facundo, en ese momento concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador. Los tres están alojados en la misma Alcaidía Pettinatto de 44 y ruta 36.

En tribunales se anticipó que el juez Atencio denegaría el pedido de nulidad interpuesto por la defensa de los Albini, en consonancia con los dictámenes que viene emitiendo el magistrado. A su criterio, el juez de garantías debe primar en la causa la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público, la duración en el tiempo de los delitos, la actividad desplegada por “Chocolate” y los Albini, la posibilidad cierta de que influya sobre otros coimputados como los titulares de esas tarjetas de débito y, por último, la pena en expectativa ante el gravoso delito imputado.