Ayer se iba a realizar una sesión especial en el Concejo Deliberante para plasmar la decisión del Departamento Ejecutivo, pero por inconsistencias legales tuvo que ser suspendida. Hay inscriptas 3.000 familias para el loteo social y con una Ordenanza pretendían otorgar "a dedo" los primeros 93 terrenos.
Política 24 de octubre de 2024
La cuestión surgió luego de la sospecha de que, de un listado de 3.000 inscriptos, los primeros 93 de esos lotes sociales iban a ser otorgados “a dedo” a familiares, amigos y militantes de la gestión municipal que encabeza Lisandro Hourcade (Unión Cívica Radical en la alianza Juntos), aunque en la ciudad sostienen que esa decisión fue “heredada” del anterior intendente, Gonzalo Peluso, quien pertenece al mismo espacio político.
“Nosotros no dudamos de las necesidades de las familias y por eso propusimos alternativas”, dijo la concejal Camila Daca, en diálogo con Capital 24, quien luego señaló que su mayor preocupación es que el Municipio insiste en entregar esos lotes “a dedo” a las familias que están en esa lista especial.
Daca pertenece al Espacio de Pensamiento y Acción (EPA!) y desde diciembre de 2023 es la única representante del espacio vecinal en el Concejo, en el que predomina Juntos (7 bancas), seguido por Unión por la Patria (4 integrantes).
Había una Ordenanza para ser tratada ayer, pero EPA denunció que la convocatoria estaba mal hecha y tras la presentación de una nota dirigida a la presidenta del Concejo, Daniela Peluso (hermana del mencionado exintendente) tuvo que suspenderse.
Al respecto, Daca recordó que todo empezó en 2021, cuando el entonces intendente Peluso abrió una convocatoria para el loteo social. Después de muchos años, el Municipio había logrado conseguir tierras para tal fin.
Los requisitos de entonces eran simples: ser residentes del Partido de Magdalena y no contar con propiedades. Se inscribieron más de tres mil habitantes.
En 2022, se informó que los lotes eran 230; aunque en realidad -divisiones mediante, según las autoridades comunales- terminaron siendo 144. La explicación de esa disminución fue técnica: debían quedar espacios libres.
“Todavía no teníamos concejales y empezamos a solicitar informes mediante notas, pero nunca tuvimos respuestas”, recordó Daca.
Poco antes de dejar el mandato en diciembre de 2023, la gestión Peluso otorgó 93 lotes de manera irregular, según se denunció. Por ese motivo, el nuevo intendente Hourcade (continuidad del mismo espacio político), se comprometió a ocuparse del tema durante una reunión mantenida con vecinos.
Ya en abril de este año, Daca dijo que pudieron acceder a ese listado y “nos encontramos que en el mismo había beneficiarios que eran parientes de funcionarios y concejales”.
“Eso nos generó mucho ruido”, le dijo Daca a Capital 24, para luego indicar que “eso nos demostró que el intendente decidió seguir entregando los lotes a familiares”.
Seguidamente, la concejal de EPA sostuvo que “mediante un proyecto de Ordenanza, el intendente pretende quedarse con esos 93 terrenos para destinarlos a familiares y dejar a 2907 familias afuera”.
En la nota enviada ayer mismo a la presidenta del Concejo, Daniela Peluso, la oposición le pidió que anule la convocatoria a sesión especial porque la fundamentación de la misma “no cuenta con un expediente que tenga despacho de alguna de las comisiones internas” de dicho Cuerpo deliberativo.
“Aún con mayor gravedad que lo mencionado precedentemente, deseamos dejar asentado que el expediente posee inconsistencias legales que no han sido abordadas en comisión. Estas cuestiones, en caso de aprobarse el proyecto, configurarían causales suficientes para la judicialización de la Ordenanza, con las consecuencias legales que ello acarree”, destacaron en la nota.
Como ejemplo, señalaron que el proyecto de Ordenanza declara de interés social el programa “Lotes con Servicios”. Establece además el destino de los recursos que se adquieran en el marco del programa, los requisitos para ser adjudicatario y un procedimiento de inscripción y de selección para adquirir parcelas de tierra.
“Si bien mayoritariamente se delega la organización del programa en su posterior reglamentación, se disponen requisitos mínimos de inscripción y selección para formar parte del mismo”, precisaron en la oposición.
En tanto, señalan que “por otro lado, en el mismo proyecto de Ordenanza se autoriza al Departamento Ejecutivo a la venta directa de los lotes mencionados en el Anexo III y a los que a futuro el Departamento Ejecutivo adquiera e incorpore a dicho Programa”.
“Hasta allí no hay impedimento legal. El problema surge cuando en el artículo 9 y 10 se hace mención a la existencia de un listado de aspirantes y otro de ‘pre-adjudicados’ para recibir un lote elaborado con anterioridad a la presentación de este proyecto de Ordenanza”, cuestionaron.
Al respecto, indicaron que “mediante estos artículos la Ordenanza se contradice a sí misma al disponer que dentro de los más de 3 mil inscriptos se han seleccionado 93 vecinos a los que solo les aplica el articulo 7 que establece los requisitos para adquirir un bien, exceptuándolos de cumplir con todas las demás disposiciones que establece el procedimiento contemplado en el mismo proyecto de Ordenanza”.
Allí, Daca le aseguró a este diario que “este tratamiento diferencial de vecinos ante un mismo programa social sin explicación alguna configura una flagrante violación constitucional al principio de igualdad ante la ley y un uso abusivo del poder del estado”.
Tiene dicho el Tribunal de Cuentas que las condiciones de venta de un bien inmueble corresponden a un acto de gestión municipal y que a tal fin el Municipio debería cumplir con los principios generales de la contratación pública: la transparencia, la publicidad, igualdad y concurrencia, pudiendo por analogía aplicar normas relativas a las adquisiciones de bienes municipales.
“Es evidente que ninguno de estos principios se cumplen al momento de exceptuar un grupo de personas de la aplicación de la normativa que se está sancionando. Esto se encuentra agravado por el hecho de que dentro de la nómina se encuentran familiares directos de concejales que convocan a la sesión especial”, expresó la concejal de EPA.
La cuestión de la ausencia de tasación previa exigida por la legislación vigente fue también posible materia de debate judicial, ya que la misma no constó en el expediente a tratarse ni tampoco se explicitó cuál sería el organismo responsable de llevarla a cabo. “Resulta también de interés conocer la postura del Honorable Tribunal de Cuentas respecto a esta cuestión”, solicitaron desde la oposición en Magdalena.
Tras confirmarse la suspensión de la sesión, Daca le dijo a Capital 24 que le pidió a la gestión Hourcade que “continúe el tratamiento en comisiones establecido a fin de que se discuta y resuelvan las anomalías insalvables que el proyecto presenta”.
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