Con la declaración de varios testigos, entre funcionarios, médicos y agentes de la administración, la fiscal María Laura Rotela avanzó con la causa que investiga la denuncia formulada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de La Plata contra dos clínicas de Berisso y Ensenada por emitir órdenes médicas electrónicas (OME) fraudulentas a nombre de afiliados que no las solicitaron, para estafar al Estado en unos $325 millones.
Región27 de noviembre de 2024
Según se informó, la fiscal federal procura establecer información fidedigna tras la denuncia radicada por Javier Arzubi Calvo, como fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), tras de la presentación realizada por el director de la Unidad de Gestión de PAMI La Plata, Rodrigo Vallejos, luego de una auditoría prestacional.
También se dio a conocer que además de la fiscal Rotela, también interviene el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. En el expediente se sindica a propietarios, directivos y personal médico de diferentes centros de salud de la provincia de Buenos Aires de fraude en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Allí se apunta a determinadas personas por generar, aceptar, transmitir y facturar órdenes médicas electrónicas (OME) por servicios que nunca fueron realizados, lo que habría causado un perjuicio económico al INSSJP.
La presentación ante el fuero federal contiene denuncias de afiliados, informes de auditorías y registros del sistema de OME del INSSJP. Tal como se indicó en su momento, entre las personas que aparecen implicadas figura el médico Juan Manuel De Rosa, a quien señalan como el titular de la Clínica de la Comunidad y estar vinculado a otra clínica en Berisso.
“El fraude fue descubierto cuando un afiliado de PAMI fue rechazado bajo el pretexto de que ya se había realizado el procedimiento previamente", apuntaron las autoridades del organismo a través de comunicado y agregaron que "al investigar se determinó que sus datos personales habían sido robados y utilizados de manera indebida por personal de la clínica".
En ese documento se señaló también que "la gran cantidad de órdenes médicas emitidas habría generado un potencial fraude estimado en $325 millones".
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